Ayotzinapa: El vuelo de la esperanza

El vuelo de la esperanzaPor Tlachinollan

A don Bernabé Abraján, padre de Adán, le fue imposible levantar la cosecha de maíz que sembró en el terreno de doña Lidia Gaspar, su mamá, porque la búsqueda de su hijo se ha transformado en la única actividad que absorbe su vida. Por su parte doña Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa, cerró su casa en Tixtla y dejó de elaborar sus cortinas de papel, la principal actividad con la que ha podido sostener a sus 3 hijos, para dedicarse a buscar a su hijo con el equipo de padres que en un principio salía con la gendarmería y que ahora realizan por su cuenta. Don Bernabé, dedicado en la temporada de secas al trabajo de la construcción como peón, fue uno de los padres que desde el primer día que supo que su hijo Adán no aparecía, se trasladó a Iguala para buscarlo en las colonias de la periferia y en los cerros aledaños. Doña Hilda, madre de pocas palabras y de hondos silencios, sabe en qué momento tiene que alzar la voz y fulminar con su mirada a los funcionarios indolentes. Los dos muy valiosos como padres amorosos y sumamente valientes. A ellos, hace 15 días los demás padres y madres de los estudiantes desaparecidos, los eligieron para que en su representación asistan al octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.

Poco importa que don Bernabé solo cuente con estudios de primaria y que desconozca el contenido de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que ha firmado el Estado Mexicano, lo que si importa y vale mucho es su testimonio que será clave para evaluar al gobierno de México y desenmascarar la verdadera faceta de nuestro régimen, que viola de manera sistemática los derechos fundamentales de los mexicanos y mexicanas, e incumple con su obligación de búsqueda e investigación de las personas que son víctimas de desaparición forzada.

Doña Hilda como madre de un hijo desparecido, que no ha dejado de buscarlo por más de 4 meses, denunciará el actuar de las autoridades que no solo les han dado la espalda, sino que han hecho más cruento su dolor y sufrimiento con la postura asumida por el procurador, de dar por cerrado el caso de los 43 estudiantes desparecidos, sin contar con pruebas científicas de lo que ocurrió en el basurero de Cocula y sin tomar en cuenta sus planteamientos.

Los expertos independientes que conforman el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, escucharán en la voz de Doña Hilda y Don Bernabé, lo que el gobierno mexicano ha dejado de hacer en las investigaciones. Lo que más sobresale es el hecho de que no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR sostiene su hipótesis en varios dictámenes de química, biología y otros, sin embargo, mientras esos peritajes no sean realizados ni corroborados por expertos independientes de probada reputación, es imposible dar como verdad histórica esa investigación. En ese sentido el Equipo Argentino de antropología forense será la voz calificada a la que atenderán los padres y madres de familia por su vasta experiencia en antropología forense y sus ramas conexas, y por su compromiso probado con los familiares de la víctimas de desapariciones forzadas.

La voz de los padres plantearán a los miembros del Comité que se evalué al gobierno Mexicano por su negativa a investigar al Ejército y por el empecinamiento de la Procuraduría de defenderlo a ultranza, a pesar de que existen en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada. Comentarán cómo el policía Salvador Bravo Bárcenas declaró ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde el 2013 que el grupo delincuencial “los guerreros unidos” controlaban la Policía de Cocula, a pesar de ello, las Fuerzas Armadas evadieron su responsabilidad de investigar.

Contrario a lo que han planteado los padres y madres de familia, los funcionarios de la Procuraduría le dan plena veracidad a la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, alias “el Cepillo”, al grado que la consideran como determinante para esclarecer los hechos ocurridos en Cocula, sin que les importe que este individuo haya declarado que no había permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.

Una de las grandes inconsistencias de la investigación de la PGR es que la información que vierte depende en exceso de declaraciones efectuadas ante ministerio público, por personajes que muy probablemente pudieron ser coaccionados, pues a nadie le sorprende que el uso de la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho público en algunos medios impresos información sobre la posible tortura de algunos inculpados, sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya intervenido para aclarar estas denuncias.

Una realidad que desconcierta e indigna a los padres y madres de familia es el silencio de la PGR en torno al caso cruento de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes que presenció los hechos violentos y que también huyó del lugar, pero que al siguiente día fue encontrado desollado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos. Hasta el momento han evadido responder a este cuestionamiento que no cuadra con la hipótesis que manejan.

El Estado mexicano ha conquistado una fama mundial por su incapacidad para dar con el paradero de los responsables, máxime cuando se trata de autoridades que se encuentran involucradas en los casos de desapariciones forzadas. En este caso el gobierno federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos once de las quince personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias “El mochomo”. Ante tanto prófugo ¿Cómo pretenden los funcionarios de la PGR decirle a los miembros del Comité que la investigación ha concluido? Además cómo van a argumentar que no existe un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala, y que para muchos mexicanos y mexicanas fue el Estado el que desapareció a los 43 estudiantes normalistas. Cómo explicarán también los representantes del gobierno que en un mismo expediente existan confesiones que se contraponen y son contradictorias entre sí, como las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula y las declaraciones de otros sicarios de Iguala, que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula, sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota?

Contrario al clamor popular de que “fue el Estado”, el Procurador se obstina en catalogar como un despropósito esta postura. Para él unos policías municipales no son el Estado. Esto mismo insinuó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio al expresar a los padres y madres de familia, que el gobierno federal no tenía responsabilidad alguna en hechos que están muy lejos de la ciudad de México. Es decir, que el caso está circunscrito a un municipio, y por lo mismo, no tiene relevancia para el gobierno de la república, como también lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto. Por eso es absurdo que a estas alturas de la investigación ni siquiera haya iniciado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que impera en nuestro país y que desencadenaron los hechos del 26 de septiembre. La línea de investigación que se avoque a establecer los vínculos que existen entre los políticos de diferente calaña con los grupos de la delincuencia organizada, ha sido bloqueada por las mismas autoridades que no están dispuestas a desmontar esta estructura delincuencial empotrada dentro de un sistema político impune, que protege a autoridades que han cometido crímenes de lesa humanidad en Guerrero.

Miente la Procuraduría cuando afirma que la desaparición de jóvenes y los narcogobiernos son atípicos, su lectura sobre lo que pasa en el país es equivocada. Hoy el caso Iguala representa el rostro herido de nuestra Nación. Sin ir muy lejos, a finales del año pasado, el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas ascendía a 26,000 personas; por lo tanto, se trata de una tragedia nacional, que no tiene nada de atípico. Son personas con historia, con nombre y con identidad únicas, cuyos familiares son víctimas de la violencia del estado que las ha destinado a sumergirse en el dolor y la desesperanza.

Ante los compromisos incumplidos por las autoridades federales de no parar en la búsqueda de sus hijos y de atender sus planteamientos sobre el curso de las investigaciones, los padres y madres de familia han emprendido un nuevo derrotero; apelar a las instancias internacionales para obligar a que el gobierno mexicano investigue y de con el paradero de los estudiantes desparecidos.

Este sábado en el aeropuerto, cuando doña Hilda y don Bernabé estaban registrando su equipaje, de manera sorprendente escucharon el grito solidario de muchos viajeros ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Ayotzinapa Vive! ¡La lucha sigue! No daban crédito a lo que escuchaban, tampoco sabían qué hacer o cómo corresponder. Se mezclaron sus sentimientos que afloraron en una tímida sonrisa en doña Hilda y don Bernabé, acompañada de una discreta lágrima que brillaba sobre la mejilla de la mamá de José Luis. Subieron al avión con el vivo recuerdo de la marcha del 26 de enero, donde se renovaron los bríos de su lucha y se reencontraron con un México que quiere encontrar en la búsqueda de sus hijos la razón más excelsa y potente para remover los escombros de un sistema que se ha especializado en desaparecer a los jóvenes que con sus luchas han cimbrado este sistema decrépito. Doña Hilda y don Bernabé han volado a Ginebra con la esperanza de que en el marco del octavo período de sesiones del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, sus voces sean escuchadas y que su lucha por encontrar a sus hijos vivos sea el motivo para que los miembros del Comité exijan al gobierno mexicano se avoque a la búsqueda conforme a los estándares internacionales y que abra la investigación y atienda los planteamientos emitidos por Hilda y Bernabé a nombre de los 43.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

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