¿Los derechos humanos al servicio de la violencia?

Chalchihuapan Policía disparando granadas lacrimogenas a manifestantesPuebla a 26 de octubre de 2014.- El 18 de octubre de este año el Gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Rafael Moreno Valle, hizo algo inaudito, violar derechos humanos para dar cumplimiento a una recomendación por haber violado derechos humanos.  Para presuntamente dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH,) relativa a la violenta represión cometida por su administración en contra de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan que resultó en la muerte de José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad, alrededor de las 4 de la madrugada de ese sábado, la Policía Ministerial y la Policía estatal realizaron un operativo en esa misma población, en el que de acuerdo con testimonios de vecinos entraron sin una orden de cateo, de manera brutal y violenta a seis domicilios, encañonando a mujeres y niños y sin presentar una orden de aprehensión detuvieron a Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes .

El 19 de junio de este año el Congreso del Estado de Puebla, por amplia mayoría, aprobó una iniciativa propuesta por el Gobierno del Estado a cargo de Rafael Moreno Valle para una  “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, ahora conocida como #LeyBala. Muchas organizaciones y personas advertimos los terribles riesgos que presentaba la aprobación de una ley cuyo objetivo central no era proteger los derechos humanos como su título pretendía aparentar, más parecía pretender legalizar el uso de la fuerza, incluso letal, en contra de quien protestara en contra del creciente número de abusos y arbitrariedades de la Administración estatal. El 9 de julio los temores que presentaba la aprobación de la #LeyBala fueron terriblemente confirmados cuando explícitamente se utilizó esa legislación para justificar el operativo de la Policía Estatal para reprimir la protesta en San Bernardino Chalchihuapan en contra del retiro del registro civil de las juntas auxiliares, con los graves y trágicos resultados que el mundo conoce.

Ahora, al Gobierno del Estado de Puebla no le bastó con el insulto que representó para la madre de José Luis Alberto Tlautle Tamayo y para la comunidad de Chalchihuapan el que el gobernador Moreno Valle no se presentara a pedir la disculpa requerida por la CNDH por la agresión cometida y ordenada por su administración (simplemente envió como “representante” a su consejero jurídico); además, en lugar de responsabilidad penal o la necesaria destitución,  la ridícula “amonestación y multa” al Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, el mismo que era Comisionado General de la Policía Federal cuando ocurrieron los asesinatos de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa por parte de policías federales en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011; además de todo lo anterior, el gobierno poblano ordena esta nueva agresión. Más presos y más dolor desde las mismas oficinas en contra de la misma comunidad.

En este punto, exigir que el Gobierno de Puebla respete los derechos humanos resultaría ingenuo y por lo visto contraproducente, pues su desprecio en contra de aquellos a los que está obligado a representar llega a límites tan absurdos como creer que los derechos humanos se  respetan violando aún más los derechos de los agredidos.

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