Por la Misión Civil de Observación
Este 20, 21 y 22 de mayo realizamos una Misión Civil de Observación dirigida a la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Municipio de Villa Guerrero en el estado de Jalisco, en donde las organizaciones participantes documentamos una serie de agresiones: racismo, discriminación, amenazas, pero también la fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad de Azqueltan.
La comunidad tiene formalmente un reclamo ante el Estado mexicano desde 1951, solicitando el reconocimiento sobre su territorio ancestral, sin embargo, fue en 2013 cuando comienzan a reorganizarse,reafirman su autonomía y libre determinación, presentando nuevamente el reclamo por el reconocimiento de sus bienes comunales ante el Tribunal Agrario Distrito XVI en 2015.
Fue a partir de este momento en que se intensificaron las situaciones de despojo, amenazas, hostigamiento, ataques físicos a comuneros, desapariciones, intentos de homicidio y la lamentable situación del 26 de noviembre de 2025, donde fue asesinado el Representante Agrario Marcos Aguilar Rojas. Todo ello en el contexto de la defensa del territorio. Mantener la posesión de sus tierras ancestrales les ha traído procesos de criminalización.
En este contexto la Misión Civil de Observación (MCO) sostuvo espacios de diálogo con autoridades del Gobierno de Jalisco encabezados por Alberto Bayardo Pérez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, en los que la comunidad wixárika y tepecana de San Lorenzo Azqueltán, junto con las organizaciones acompañantes, expusieron la gravedad de la conflictividad territorial, la persistencia de las agresiones y la urgente necesidad de avanzar hacia soluciones integrales con enfoque intercultural y de derechos humanos.
La Misión Civil de Observación reconoce la apertura mostrada por distintas instancias del Gobierno del Estado para sostener una ruta de diálogo y seguimiento con la comunidad y las organizaciones acompañantes. Sin embargo, subraya que la magnitud de la violencia y de las violaciones a derechos humanos documentadas desde 2018 en San Lorenzo Azqueltán exige que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas, coordinadas y sostenidas que garanticen plenamente los derechos de la comunidad a la vida, la seguridad, el territorio y sus derechos comunales.
La Misión pudo documentar múltiples testimonios de la violación al derecho a la autoadscripción indígena que tienen los pueblos originarios y las personas que los habitan para definirse a sí mismos como parte de un pueblo originario o comunidad indígena, derecho que no requiere documentos oficiales ni reconocimiento previo, sin embargo, en San Lorenzo de Azqueltán pudimos constatar esta omisión para inscribirse a programas sociales, incluirlos en políticas públicas, reconocer sus formas de autogobierno y sus decisiones sobre su territorio, como el proceso de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se realizará el próximo lunes 25 de mayo en el que se solicita que se realice en la Casa Comunal en donde la comunidad desarrolla sus procesos de deliberación y toma de decisiones colectivas.
La Misión Civil de Observación identificó impactos psicosociales debido a la situación sostenida de injusticia e impunidad que mantiene a Azqueltán en un contexto de riesgo sostenido al menos desde 2018 con el secuestro del defensor comunitario Catarino Aguilar. Al tratarse de una comunidad indígena los impactos son colectivos, es decir que afectan a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, así como al territorio entendido como el espacio de coexistencia de todos los seres vivos, incluida la tierra como bien común y colectivo.
Durante la estancia en comunidad, autoridades de distintas instancias públicas presentaron un marco integral de análisis de las afectaciones a derechos humanos que incluyen temas históricos de discriminación y racismo sistemáticos así como la falta de reconocimiento de los pueblos Wirratirari y Tepecano de Azqueltán. A esto se suman los testimonios recabados durante la Misión Civil de Observación, de víctimas directas e indirectas del ejercicio sostenido de violencias como actos de intimidación, amenazas y hostigamiento que han llegado incluso a agresiones graves y el asesinato de defensores y autoridades comunitarias.
El resultado de la misión ha mostrado con claridad no sólo la urgencia atender con fuerza la resolución del caso y contener la violencia, sino de atender las causas profundas de esta situación de injusticia y de hacer valer el estado de derecho, incluidas desde luego las normas de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas vigentes en el país.
La Misión Civil de Observación mantendremos e intensificaremos el seguimiento y cuidado a la Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, al tiempo que profundizaremos el diálogo con las autoridades del país y el Estado de Jalisco, así como con los medios, las instituciones académicas y las instancias internacionales que también han estado dando el seguimiento ya por varios años, invitamos a los diversos actores y público en general a sumarse a la exigencia de justicia proclamada por Azqueltán.
Publicado originalmente en la página de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes: https://redtdt.org.mx/archivos/23668
