Denuncia Ciudadana: Desalojo a artesanos Triquis en Monterrey Nuevo León

Al pueblo de México,
a las organizaciones democráticas y populares,
a las Comisiones de paz y de derechos humanos,
a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México,
a la Asociación de reporteros sin fronteras,
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
a los medios masivos de comunicación,
a los medios libres

El que suscribe, Sr. Adalberto Hernández Alvarez, Representante del Consejo Indígena Triqui del Estado de Oaxaca radicado en Nuevo León.

Denuncia que:

El día 17 de Abril, mi familia y yo, fuimos violentamente desalojados de nuestro local de ventas de artesanías oaxaqueñas, ubicado en el centro comercial “Plaza Fiesta San Agustín”, local 2085 municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El desalojo se realizó por parte de la nueva administración de la Plaza, con presencia de la fuerza pública, y fue precedido por fuertes e injustas presiones económicas, amenazas y discriminaciones a nuestro ser indígena Triqui.

Antecedentes

Hace 15 años salimos del Estado de Oaxaca desde la región indígena Triqui para buscar una mejor calidad de vida para mi familia, nos venimos con la esperanza y un sueño de encontrar un futuro mejor para nuestros hijos, de poder darles igualdad en derechos y una educación de primer nivel como todos los demás, pero sin dejar nuestra cultura, raíces y costumbres.
Con mucha determinación y cansados de andar de un lugar a otro en ferias y exposiciones, optamos por un lugar fijo, un local permanente en centro comercial “Plaza Fiesta San Agustín” en donde hasta el día 17 de Abril, llevábamos 10 años tratando conservar nuestra cultura y promover nuestras artesanías de Oaxaca con el fin de tener un ingreso económico digno y ademas apoyar a nuestra comunidad.

Cuando nos informaron de la renta del local y al firmar el contrato se nos hizo mucho dinero, porque empezamos pagando $28,000 pero conscientes de la ubicación de la Plaza nos arriesgamos para probar suerte y futuro, un reto bastante caro. Con mucho esfuerzo hemos pagado con puntualidad todos los pagos, pero al paso de los días y meses las ventas han empezado a caer y las rentas van subiendo día a día, actualmente pagamos de renta $43,000.

Es nuestra intención seguir rentando el local a pesar de la crisis y la alta inseguridad que se vive en nuestro estado, la cual que nos ha afectado muy fuertemente en todos los ámbitos. A pesar de ello no nos doblegamos, hemos estado en la Plaza en las buenas y en las malas, sin embargo ahora que empieza un periodo de estabilidad económica y seguridad derivado de las estrategias que ha emprendido el gobierno, nos preocupan nuevas cosas.

Hoy vivimos una discriminación por parte de la administración de la Plaza a cargo de la C.P. Iveth Martínez Rodarte, administradora de rentas de la Plaza Fiesta San Agustín, cuando nos dice que no habrá renovación del contrato, exigiéndonos que cuanto tiempo necesitamos para salir del local, porque lo que ellos quieren en los locales es pura cosa de marca y que no podemos tener la palabra Oaxaca en nuestro local. Esto para nosotros es muy injusto, primero porque llevamos varios años rentando y somos puntuales con los pagos y leales como arrendatarios y no les hemos causado ningún problema en los años que llevamos en la plaza.

Derivado de esta relación con la Plaza estuvimos involucrados en un proceso judicial, el cual culminó con un acuerdo en el que se establecía que en el mes de noviembre del presente año se buscaría negociar un nuevo contrato y con fecha limite el 20 de diciembre del presente año.

La administración nunca se prestó, en todo momento se negó y dejó pasar el tiempo y luego lo utilizó eso en contra nuestra.

Todo comenzó con la nueva administración de la “Plaza Fiesta San Agustín”, a raíz de que fallece el dueño originario, Eudelio Garza Lozano, los hijos comienzan a hacer cambios bien drásticos como es incrementar las rentas sin consultar a los locatarios. Hacen varios cambios en las clausulas de su contrato, una de ellas es rendirle cuentas de las ventas de uno cada fin de mes, dar un depósito de $418,000, cosa que les favorece totalmente. En todo momento les manifesté que lo que vendo son artesanías y no me pueden incrementar a cada rato y la respuesta de los administradores es “si no se vende, si no me puedes pagar más mejor vete y para empezar no estamos de acuerdo con el nombre del local Artesanias de Oaxaca”, simplemente por el nombre Oaxaca. Nos exigen un cambio total, requiriéndonos poner a la venta artículos de “Marca” ya que nuestros productos no son de marca y como veían que
voluntariamente no nos retirábamos nos pidieron el local argumentando que se les debía un mes de renta, siendo que nosotros nos encontramos siempre al corriente de los pagos.

Después de esto buscamos a un abogado que hiciera esa aclaración y luego me enviaron una notificación para un juicio oral. En esta instancia me hacen firmar un convenio en donde ellos ponen una fecha limite para darme un nuevo contrato de arrendamiento y no lo cumplen.

Cuando yo los buscaba todo el tiempo se negaban manifestando estar ocupados y jamás quisieron recibirme, les llevé una solicitud de que quiero continuar rentando el local y nunca me recibieron.

Cabe señalar que tenemos un deposito en garantía inicial de $95,000 noventa y cinco mil pesos y el mes de abril pagado hasta el próximo 5 de mayo del 2015. Somos víctimas de este desalojo y discriminación por parte de la Plaza Fiesta San Agustin a cargo de los hermanos Marco Garza Mercado y Benjamin Garza Mercado. Exigimos la devolución del local número 2085 “Artesanias de Oaxaca”.

Hechos

El día 17 de abril del 2015 a las 13:00pm llegaron al local con una orden de desalojo, me obligaron a juntar mis cosas y sin darme tiempo alguno, comenzaron las amenazas diciendo que si yo no lo hacía lo llevarían a un depósito. Ya después de desalojarme a la fuerza y sacar mis cosas a las 22:30pm del mismo día bajando la cortina, cerrándola con candado colocado por ellos mismos, en ese momento me piden con amenazas que firme nuevamente mi desalojo. Me negué rotundamente porque me estaban obligando por la fuerza acompañados con otras personas y también hasta la fuerza pública.

Durante todo este tiempo de desalojo las amenazas y la discriminación fue continua  me amenazaron con llevarse a mi hijo menor de edad con personal del DIF que también los acompañaba en el acto. Al final no ejecutaron tal amenaza, comenzaron con fuertes amenazas hacia mi persona, dicha amenaza fue lanzada por la Lic. Elizabeth Rincón Guzmán, representante de la inmobiliaria.  También recibió amenaza de intimidación mi hijo menor cuando tomaba fotografías y grabaciones de los hechos ocurridos ese mismo día. Se nos amenazó de tirar nuestras cosas a la basura, se hicieron burlas de nuestro ser indígena triqui diciéndonos que ellos sí habían estudiado y cuando hicimos mención de que lo que estaban haciendo era discriminación hacia los pueblos indios nos dijeron que ya nos calláramos con eso, que “ustedes” siempre salen con lo mismo.

Finalmente nos negamos a firmar un documento en donde si lo firmábamos estábamos aceptando el desalojo a través del uso de la fuerza, al negarnos la licenciada se acerca a uno de los compañeros y amenaza diciendo “si no firman me voy a cobrar todo lo que me deben, esto es un acto perfectamente legal”.

La crisis por la que atraviesa el país y el mundo ha hecho que muchas y muchos migren de sus lugares de origen buscando formas de resistir y encontrar una vida digna. Con lo sucedido vemos que ese deseo sigue siendo impedido por los prejuicios y discriminación de unos cuantos en donde lo que importa es una marca y no la humanidad de quienes somos.

En Monterrey, Nuevo León, tierra de migrantes, en donde habitamos mas de 300,000 indígenas se constata que hay unos que parecemos que estorbamos y es así como funciona este sistema capitalista en el que vivimos.

Hacemos un llamado a todos los hermanos solidarios sensibles a esta realidad de despojo y de desprecio por la que atravesamos, un llamado a los medios de comunicación para que hagamos visible esta realidad de humillación y de injusticia que atraviesa a todo nuestro país.

Adalberto Hernández Alvarez, Representante del Consejo Indígena Triqui del Estado de Oaxaca radicado en Nuevo León

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