Misión de Observación comparte hallazgos iniciales y emite recomendaciones preliminares en torno a violaciones a derechos humanos por sismos.
A Io largo del día de ayer jueves 16 de noviembre una Misión de Observación realizó un recorrido a las comunidades Huizachal y el Paredón en Tonalá y Gustavo López y Nueva Urbina en Pijijiapan. La Misión está integrada por la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, acompañada por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor) y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz). En este recorrido obtuvimos el testimonio de víctimas y comunidades cuya situación de emergencia humanitaria no ha sido suficientemente visibilizada ni atendida.
Posteriormente al recorrido la Misión sostuvo una reunión con los presidentes municipales de Tonalá y Arriaga. El día de hoy mientras se desarrolla esta rueda de prensa la Misión sostiene una reunión con diversos funcionarios del Gobierno Estatal. Sin menoscabo de los compromisos que el Estado pueda asumir en esta reunión, la Misión ha decidido emitir este comunicado para compartir con la opinión pública sus hallazgos iniciales.
Nuestra visita a las comunidades nos permitió constatar una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción. Dichas falencias son imputables al Estado sin duda, pues es su responsabilidad garantizar el derecho a la información para la toma de decisiones así como la transparencia en el uso de los recursos públicos.
De manera preliminar podemos observar ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos, lo cual genera un proceso de revictimización en las personas y comunidades.
Observamos una grave descoordinación del gobierno federal con las instancias municipales y con la sociedad al grado que no se ha compartido información básica para garantizar los derechos de las personas afectadas por los sismos del 7 de septiembre y sus réplicas.
Nos preocupa especialmente el impulso a la participación de fundaciones privadas en el proceso de reconstrucción. Preliminarmente detectamos un intento de canalización de recursos públicos sin licitación clara que quiere hacerse pasar como caridad y solidaridad.
Existe un proceso de imposición cultural a través de prototipos de construcción que responden a una lógica centralista y no son susceptibles de adaptarse a las necesidades de la población local, no cumplen con los criterios mínimos que permitan un ejercicio del derecho humano a la vivienda digna y ni siquiera cumplen con criterios básicos de calidad.
De la misma forma notamos deficiencias importantes en materia de servicios de salud, agua, saneamiento y atención psicosocial dirigida a la población afectada por los sismos, así como preocupantes rezagos en la atención y respuesta a las afectaciones de las instalaciones públicas de salud y educación. En este último aspecto, nos preocupan mucho las graves afectaciones a la población infantil y juvenil pues las clases se han visto muy afectadas y hay varios lugares donde no se han reanudado.
También hemos recibido preocupantes testimonios de agresiones a personas defensoras en el contexto de su trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos y apoyo a las personas ý comunidades víctimas en relación a los sismos y réplicas.
En virtud de lo anteriormente señalado nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones preliminares:
Llamamos a las autoridades de los 3 niveles de Gobierno a que realicen acciones tendientes a remediar las graves fallas que hemos detectado en el padrón de beneficiarios y además de ello a coordinarse eficazmente y compartir información en beneficio de las victimas.
Investigar, resolver y evitar posibles actos de corrupción en torno a la entrega de tarjetas.
Hacemos un llamado enérgico a las autoridades estatales y municipales a garantizar el derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá.
Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)
Voces Mesoamericanas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova,
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa