Denuncia Tlachinollan ilegalidad en traslado de Marco Antonio Suástegui a penal federal

l-Marco-Suastegui-CECOP-001Denuncia Tlachinollan ante Juez de Distrito ilegalidad de traslado a un penal federal a Marco Antonio Suástegui, líder histórico del CECOP

  • Exponen alegatos ante Juez para obtener el amparo de la justicia federal en favor de Marco Antonio Suástegui.
  • Ante ilegalidad en el proceso, el regreso a Guerrero del defensor comunitario es inminente.
  • Vulnera arbitrariedad del Ejecutivo estatal tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por México.

13 de agosto de 2014, Acapulco, Guerrero. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia constitucional frente a la Jueza Tercera de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco dentro del juicio de amparo 649/2014, en el cual se denuncia el traslado ilegal del líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP[1]), Marco Antonio Suástegui Muñoz, al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 04 Noreste ubicado en Tepic, Nayarit.


La Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, ahora tiene la oportunidad de conceder el amparo de la justicia federa al defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, frente al traslado ilegal ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero el pasado 17 de junio y revertirlo.

Cabe recordar que en la mencionada fecha, el defensor comunitario fue detenido y torturado por elementos de la policía investigadora ministerial y puesto a disposición del Juez décimo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Tabares, dentro de la causa penal 064/2014. En ese contexto y previendo un traslado a un penal federal, tal y como se ha visto en otros casos de criminalización de activistas sociales guerrerenses, Tlachinollan interpuso un amparo para evitar su traslado y su consecuente incomunicación que impidiera al defensor comunitario el acceso a una adecuada defensa, reconocido en el artículo 20 de la Constitución mexicana, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 14 letra D) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La demanda fue admitida y turnada a la Jueza Tercera de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, y quedó radicada bajo el número 649/2014, a partir de lo cual, dicho Órgano de Control Constitucional otorgó la suspensión de plano respecto de la eventual orden de traslado, lo que habría implicado que Suástegui permaneciera en Guerrero con todas las garantías para que pudiera contar con una defensa legal acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, y evitar lesionar aún más la integridad física y psicológica del defensor comunitario.

Sin embargo, Marco Antonio Suástegui fue ilegalmente trasladado por instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) al Centro de Readaptación Social de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Grande de Guerrero; y finalmente al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic Nayarit, lo que además de ser violatorio de sus derechos, le permitió al Gobierno del Estado ganar tiempo para manipular las acusaciones en contra del líder comunitario y así evitar que logre su libertad.

En los alegatos presentados ante la Jueza de Distrito, Tlachinollan ha establecido claramente que el traslado no fue justificado dentro del proceso jurídico; por el contrario, las razones aducidas por las autoridades responsables de la SSPyPS para trasladar al integrante del CECOP fuera del estado no cuentan con ningún fundamento, y que con esto se han violado las garantías a la legalidad, su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley. Asimismo, el Juez décimo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Tabares, permitió con sus omisiones el ilegal traslado al penal federal de Tepic de Suástegui Muñoz.

Además, Tlachinollan ha presentado ante la justicia federal información sobre el uso sistemático que ha hecho el Ejecutivo estatal de penales federales, de mediana y máxima seguridad, como herramienta de coerción contra movimientos sociales que vulneran tratados internacionales ratificados por México.

Dichos patrones se han documentado en los procesos de criminalización en contra de Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, integrantes y dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) recluidos en penales de mediana y máxima seguridad federal, fuera del estado de Guerrero.

Ahora, la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, tiene la oportunidad de revisar las acciones ilegales y arbitrarias del Ejecutivo estatal, a manos de la SSPyPC, así como la connivencia de un poder judicial; otorgando el amparo y revirtiendo el traslado ilegal de Marco Antonio Suástegui Muñoz.

Por nuestra parte, Tlachinollan continuará con la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y no dejará de denunciar junto al CECOP, el carácter político de la persecución penal y la arbitrariedad de su encarcelamiento, apelando a la solidaridad de la sociedad para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico La Parota. En ese contexto, nos unimos al llamado del CECOP a la “Marcha por la Libertad: En defensa de la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos” que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto en la ciudad de Acapulco, para conmemorar el 11º aniversario del CECOP y exigir el traslado y liberación de Marco Antonio Suástegui.


[1]       El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota ha encabezado por más de diez año una lucha en contra de la imposición, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros actores estatales, de un proyecto hidroeléctrico legal, ambiental y socialmente inviable en las inmediaciones de Acapulco. Los campesinos y ejidatarios, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” han recibido 5 decisiones favorables en contra de la construcción de la presa por parte de Tribunales Agrarios, reconociendo que son los comuneros, ejidatarios y avecindados unidos en el CECOP, quienes tienen la razón legal y la legitimidad social para decidir sobre el uso de sus tierras. Sin embargo, año con año, el gobierno federal aporta en su presupuesto federal, un monto para la CFE para la construcción de dicha presa.

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