Por Javier Hernández Alpízar
Hay una concepción de “democracia” que ve en ella esencialmente un procedimiento: elegir a tus gobernantes o representantes y que en esa elección (un ciudadano: un voto) gane quien tenga la mayoría. Esta definición, que nos parece minimalista, considera que la sustancia, la esencia, de la democracia son las elecciones: ¿Hay elecciones?, entonces hay democracia. ¿No hay elecciones?, entonces no hay democracia.
Un primer problema es que, si nos tomamos en serio esa definición, tendríamos que sacar del universo de los regímenes democráticos a los griegos atenienses, típico ejemplo de democracia, de cuya lengua incluso se ha tomado la palabra. Para los griegos atenienses, la democracia era ejercida en asambleas, en las cuales los ciudadanos (varones, griegos, libres) podían hablar con entera libertad (isegoría: el derecho a ser escuchado) y las decisiones se tomaban por consenso. No había representantes, no había elecciones de representantes, y quienes asumían funciones de gobierno o administrativas eran resultado de un sorteo: todos estaban obligados y todos tenían derecho a (y obligación de) asumir cargos. Una cosa para la que sí votaban era para enviar ciudadanos al ostracismo, el destierro y exilio forzado.
Las elecciones nacieron cuando se pretendió hacer democráticos a pueblos que eran ya naciones numerosas, en los tiempos modernos de los estados-nación. Las elecciones son para nosotros la imagen de la democracia, pero hay autores que exigen algo más que elecciones libres, transparentes, competitivas, reconocidas como válidas por todos los participantes, actores políticos que aceptan los resultados incluso si no los favorecen.
Si basta con que haya elecciones para que haya democracia, entonces el régimen priista (con sus transformaciones del Partido Nacional Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana y finalmente al Partido Revolucionario Institucional) nunca dejó de ser democrático, pues siempre hubo elecciones. Sin embargo, hemos tenido toda una narrativa de “transiciones a la democracia”, en la que el México de los años noventa al 2000 se supone que “transitó a la democracia” desde un anterior régimen autoritario, no democrático, que algunos llamaron de partido dominante, de partido hegemónico, de partido único, de partido de estado, e incluso hubo quienes le llamaron una “dictadura perfecta” (Vargas Llosa) o una dictadura a secas (el EZLN en 1994).
Autores como Luigi Ferrajoli argumentan que no basta con el procedimiento, con elecciones y la ley de la mayoría, sino que se necesita algo más exigente, un régimen garantista, es decir, que las garantías constitucionales y también legales (el estado de derecho democrático) aseguren los derechos humanos en su amplio espectro, individuales y sociales.
Así, Eisabetta di Castro afirma que, si no hay plenos derechos humanos, las elecciones se pueden volver un ritual vacío que solamente sirve para que la elite en el poder se reproduzca.
Si los ciudadanos no tienen garantizados derechos básicos como derecho a la vida, la seguridad personal y jurídica, es muy probable que las elecciones sean manipuladas mediante las amenazas, la violencia, la compra de votos y otros recursos sucios en los cuales los gobiernos y partidos políticos mexicanos son expertos.
¿Había democracia en Guatemala cuando el estado organizaba elecciones para consumo de la opinión y la prensa internacional, mientras que en su territorio se perpetraba un genocidio contra los indígenas mayas guatemaltecos de tal dimensión que Luis Cardoza y Aragón no lo hacía menos ante el genocidio perpetrado por Hitler?
¿Había democracia en México mientras el PRI reprimía, asesinaba, desaparecía disidentes y tenía presos de conciencia, al tiempo que cada seis años hacía elecciones que no podía perder y que todos sabían que el partido de gobierno iba a ganar? En un sondeo publicado en La Jornada, a inicios de los años noventa (o fines de los ochenta), preguntaban a las personas ¿cómo se imaginaban el día siguiente después de que el PRI perdiera las elecciones? Las personas contestaban que “eso no podía pasar”. el PRI no podía perder. Eran incapaces de imaginarlo, tal como hoy somos incapaces de imaginar el fin del capitalismo.
Por eso se sobredimensionó tanto la derrota del PRI, hasta hacerla sinónimo de democracia. Pero algunos analistas han señalado que la falta de justicia transicional, tanto después del triunfo panista en 2000 como después del triunfo morenista en 2018, simplemente impidió que pudiera haber vida democrática en donde importa más, en una sociedad libre, integrada por ciudadanos que saben que sus derechos están garantizados y son inviolables.
Como dice Carlos Pérez Vázquez en su libro Procurar injusticia (Grijalbo, 2025), el sistema de procuración de injusticia opera con un código penal represivo para los civiles y uno de excepción para las fuerzas armadas. Dicho sistema garantizó injusticia, impunidad, represión y abusos contra los ciudadanos (especialmente contra los disidentes), con base en aberraciones jurídicas como la flagrancia (simulada), la declaración de autoinculpación (con la tortura como prueba reina), la prisión preventiva oficiosa, la perpetua violación de la presunción de inocencia, la subordinación eterna de la procuración de justicia al poder gubernamental, y demás características que delatan el origen golpista y antidemocrático, no solamente del régimen (surgido de un golpe de estado contra Carranza en 1920, argumenta Pérez Vázquez), sino del sistema penal entero.
Parece que México es un caso grave de transición a la democracia fallida: fallida la transición y fallida la democracia, porque las elecciones no han logrado llevar al ciudadano a la libertad política genuina, ni han generado una pluralidad de poderes que se contrapesen y, por ende, se ha cumplido la descripción aludida: sin garantías constitucionales y ciudadanas (derecho a la vida, a la integridad personal, a la certeza jurídica), las elecciones (con breves momentos dramáticos que hacen creer que, ahora sí, viene el cambio) se convierten una y otra vez en un ritual vacío mediante el cual las elites se reproducen, pero continúa la situación oligárquica y se perpetúa el ADN autoritario que parece anidar en toda la elite política y gobernante (y por supuesto: también económica, clerical y militar).
La terca realidad parece obstinada en darle la razón a Luigi Ferrajoli frente a los defensores de la democracia puramente procedimental o sin adjetivos, pues sin garantías fundamentales, se apoderan de los estados los “poderes salvajes” neoliberales o populistas (“neoliberalismo populista”, dijo de la 4t, Pablo González Casanova), y en México, como en otros países, tienen la habilidad de hacer lo que el Maquiavelo de Maurice Joly: vaciar de sentido a las instituciones democráticas, de manera que queden en pie los cascarones vacíos, pero en lugar de funcionar para la democracia (con autonomía de poderes y contrapesos), las instituciones capturadas funcionen para un autoritarismo que se disfraza de patria y bandera tricolor, mientras restaura el régimen autoritario.
Parece que, por experiencia, podemos dar doloroso testimonio de que autoritarismo y elecciones no son excluyentes, puede haber tiranías que sigan organizando elecciones sin sustancia, rituales vacíos sin verdadera libertad ni poder ciudadano.
