Por la Misión Civil de Observación
-¿Por qué estamos aquí?-
-Por la guerra-.
Esto lo respondió una niña desplazada de 12 años y fueron las voces que escuchamos en esta misión civil de observación sobre el desplazamiento forzado en Chihuahua (MCO).
Destacamos que aparte de la guerra armada, también está el quiebre político entre los gobiernos del nivel estatal y federal. Ante esto las familias en situación de desplazamiento forzado interno han quedado en medio, siendo ignoradas, invisibilizadas, discriminadas, desatendidas y están sufriendo los estragos de conflictos que no les corresponden, que les han despojado no solo de sus territorios, sino de sus bienes materiales e inmateriales, de sus derechos básicos, de sus posesiones más preciadas como lo son la identidad, la dignidad y la vida.
En esta Misión de Observación participamos organizaciones locales, nacionales e internacionales. Organizaciones locales: Alianza Sierra Madre, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Nuevo Amanecer.
Organizaciones nacionales e internacionales: Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Brigadas Internacionales de Paz México (PBI), entre otras.
El Desplazamiento Forzado Interno (DIF) aumentó 300% en los últimos años.
El Estado Mexicano le falló a las familias y comunidades de la Sierra Tarahumara
Con cifras estimadas, ya que no hay un censo oficial, entre reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación se calcula que en el 2021 hubo un total de 500 personas desplazadas, mientras que para el 2025 se estima que hubieron más de 1 mil 500 personas en DFI, es decir: se triplicó el número de víctimas y en el 2026 el número de personas afectadas sigue en aumento.
El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde hace más de una década, en el 2008 se registraron los primeros desplazamientos forzados en la región de Baborigame. Luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, desplazando a sus familias e incluso a otras personas de sus comunidades. Año con año hemos conocido esas historias, sin embargo, desde el 2024 empezamos a registrar eventos de desplazamiento forzado masivo como es el caso de Atascaderos y en los últimos días de familias provenientes del municipio de Tamazula, estado de Durango.
Desde entonces, las organizaciones registramos que las causas de estos eventos tienen que ver con el despojo de tierra y territorio para proyectos extractivos, megaproyectos, así como con el reclutamiento forzado, el asesinato de familiares y el control del territorio por parte de grupos criminales.
Los pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara históricamente han sido invisibilizadas y vulneradas frente a actores que acechan sus territorios por la riqueza natural que reservan. Ante el abandono institucional y la violencia, muchas personas han sido reclutadas de manera forzada, e incluso esclavizadas, como recientes investigaciones periodísticas lo documentan, en cultivos ilícitos y otras actividades relacionadas con los grupos criminales. Las víctimas siguen siendo criminalizadas por un sistema gubernamental y judicial que no toma en cuenta su contexto ni su historia y termina revictimizándolas, aun cuando está obligado a protegerlas, pero que es incapaz de hacerlo.
Lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger a la población chihuahuense, los gobiernos municipales, estatal y federal han mantenido un quiebre político, vulnerando aún más a las comunidades indígenas, quienes han pagado un alto costo por esta guerra política y armada sufriendo abandono institucional, precarización, despojo de sus recursos, territorios y medios de vida, así como graves violaciones a sus derechos humanos individuales y colectivos.
El Estado Mexicano en todos sus niveles ha negado mediáticamente la existencia del DFI en Chihuahua, con la esperanza de que, desestimando los eventos, criminalizando a las comunidades y difamando a las personas y organizaciones defensoras el tema se quede en el olvido, al igual que las personas, familias y comunidades que se niegan a atender.
Pero el permanente desplazamiento silencioso y el notable incremento de los eventos masivos de desplazamiento, así como los llamados de auxilio de las comunidades afectadas, obligaron a las instituciones a crear la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno (hecha únicamente en el sentido de urgencia sin una propuesta de solución real en el 2022 ante la visita de la Relatora de DF de la ONU) de realizar el Ejercicio de Caracterización del Desplazamiento Forzado Interno (2023) en conjunto con ACNUR, y posteriormente el Protocolo de atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno (2025).
Durante la realización de la Misión Civil de Observación (MCO) que las organizaciones realizamos los últimos días 27 y 28 de mayo, en los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua, conversamos con 200 personas víctimas de DFI provenientes principalmente de la Sierra Tarahumara, de municipios de Chihuahua, Sinaloa y Durango, siendo la inmensa mayoría de Chihuahua, específicamente del municipio de Guadalupe y Calvo.
Hemos encontrado grandes similitudes en los sistemas y patrones de comportamiento que los grupos armados despliegan como estrategias para aterrorizar a las familias y finalmente expulsarlas de sus hogares, para luego ocupar sus viviendas y despojarlas de sus bienes: cultivos, ganado, muebles, hogar y territorios.
A las familias no solo se les arrebata sus bienes materiales: se las despoja de su tranquilidad, de una vida comunitaria plena, del ejercicio de su identidad cultural, de la celebración de sus ceremonias y tradiciones que conforman parte esencial de su ser, de su apego a la tierra, al bosque y al trabajo del campesinado.
La siembra de sus alimentos, la recolección de hierbas medicinales, la celebración de sus fiestas tradicionales también conformaban su bienestar y que, en conjunto con sus posesiones materiales, les daban una vida tranquila y libre de violencia, pero sobre todo, les daban autonomía y la posibilidad de dirigir sus vidas.
Además a las niñas, niños y adolescentes se les arrebata la infancia, educación y salud, así como la oportunidad de crecer jugando en sus territorios, y en cambio, les da preocupaciones y miedos que no les corresponde cargar a su edad, lo cual significa una grave interrupción del desarrollo.
Al terror y a la tristeza de abandonar su tierra, sus animales, sus cultivos, se suman el enfrentarse a algo completamente desconocido: la ciudad, trabajos precarizados, rentas elevadas y muchas carencias. En muchas ocasiones, el idioma también significa un cambio radical, pues al hablar poco o nada de español, conseguir un trabajo, moverse en la ciudad o ir a la escuela se complica considerablemente.
Hemos constatado durante estos días de trabajo que los instrumentos de atención al DFI son emergentes, insuficientes, condicionados y discriminatorios, que no llegan a atender las causas estructurales, ni a resolver las problemáticas que las familias enfrentan. Incluso las familias que ya cuentan con sentencias a su favor viven aún con miedo esperando que la justicia llegue algún día.
Mientras tanto, los tres niveles de gobierno evaden sus responsabilidades, incumplen sentencias y omiten acciones de atención continuada y digna para las familias afectadas. Solo ofrecen programas carentes de un enfoque de atención diferenciada, lo que vulnera los derechos humanos de las personas en repetidas ocasiones.
La atención institucional no solo es discriminatoria e insuficiente, sino también violatoria de sus derechos, al imponer el retorno de las familias a sus comunidades de origen, aun cuando no existen condiciones mínimas de seguridad para ello. Junto con las voces que recogimos de esta MCO, denunciamos que lo anterior las ha puesto en grave riesgo. El retorno forzado de la comunidad de Atascaderos ocasionó la desaparición de una persona y el homicidio de una persona más.
A las organizaciones civiles de la MCO nos preocupa la falta de una atención con un enfoque diferenciado, de derechos e interseccional, además del nivel de discriminación, condicionamiento y criminalización que las instituciones han desplegado a partir de estos mecanismos e instrumentos de atención a las familias víctimas de DFI.
El actuar de las y los titulares de las instituciones de los tres niveles de gobierno con las que las comunidades deben tratar, una vez que deciden pedir ayuda, es revictimizante, discriminatorio y es violencia institucional. Esto se suma al incumplimiento, la omisión y el abandono institucional, político, jurídico y social.
Las familias y comunidades no se rinden a pesar de las violencias y despojos que han sufrido. Han interpuesto denuncias formales (hay 60 carpetas de investigación abiertas) a pesar del peligro que ello significa, han interpuesto amparos por el incumplimiento de los gobiernos, han obtenido sentencias a su favor y han exigido el cumplimiento de las mismas sin éxito. Han acudido a mecanismos de defensa de nivel nacional e internacional, han obtenido medidas cautelares y sin embargo, las instituciones de todos los niveles de gobierno se las arreglan para evadir su responsabilidad, demostrando que no tienen voluntad política ni interés en atender a las personas DFI.
Durante años las organizaciones hemos visto que no hay una política de seguridad pública. La coordinación entre gobiernos es nula y por el contrario, se echan la culpa unos a otros, evaden responsabilidades, omiten atender a la población violando los derechos humanos de las familias y comunidades en situación de desplazamiento forzado interno.
La ayuda humanitaria, cuando existe, es apenas paliativo y aun así es insuficiente, pues el problema de fondo son las causas estructurales y la violencia. Urge la implementación de una estrategia coordinada e interinstitucional de seguridad, así como la garantía de las condiciones de vida para las comunidades, la aprehensión de los generadores de violencia y la judicialización de las carpetas de investigación.
La resistencia de las familias continúa y no dejarán de exigir la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y retornos dignos y seguros.
Por lo anterior, las y los integrantes de la MCO, proponemos:
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Que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno de Chihuahua integre la participación de las organizaciones civiles de derechos humanos locales en vías de colaboración y atención integral.
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Que se instale una Mesa Interinstitucional de atención al Desplazamiento Forzado Interno con la participación de los tres niveles de gobierno, con participación de las familias afectadas y organizaciones civiles de derechos humanos con experiencia en la atención integral del tema.
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Que se diseñe una ruta de atención permanente para atender de manera continuada a las familias, no solo durante 6 meses como lo indica el Protocolo de Atención a Víctimas de DFI.
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Que se diseñen programas y acciones de prevención para tener soluciones duraderas, con la inclusión de la sociedad civil, así como el fortalecimiento del enfoque diferenciado.
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Que las autoridades estatales y federales den respuesta a las propuestas que ha formulado esta Misión Civil de Observación sobre la situación de Desplazamiento Forzado Interno en las distintas reuniones que se han sostenido, en seguimiento esperamos una próxima reunión de seguimiento a esta visita.
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Que desde el nivel federal de gobierno se reconozcan los eventos de Desplazamiento Forzado Interno, y que se atiendan las causas estructurales del fenómeno, aprobando una Ley para atender esta situación.
Publicado originalmente en la página de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” : https://redtdt.org.mx/archivos/23672
