Hotel Abismo: Crisis de los partidos políticos y populismo

Por Javier Hernández Alpízar

¿Qué le importa al proletariado, inclinado sobre su trabajo, abrumado por el peso de su destino, que algunos oradores tengan el derecho de hablar y algunos periodistas el de escribir? Habéis creado derechos que, para la masa popular, incapacitada como está de utilizarlos, permanecerán eternamente en el estado de meras facultades. Tales derechos, cuyo goce ideal la ley les reconoce, y cuyo ejercicio real les niega la necesidad, no son para ellos otra cosa que una amarga ironía del destino. Os digo que un día el pueblo comenzará a odiarlos y él mismo se encargará de destruirlos, para entregarse al despotismo.”

Maquiavelo, personaje de Maurice Joly en Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu.

Dadas las dimensiones de las naciones-Estado contemporáneas y sin detrimento de que en ciertos niveles de gobierno (locales, municipales, dentro de instituciones específicas) puedan ejercerse formas asamblearias y de democracia directa, los gobiernos que se reclaman democráticos necesitan un sistema electoral y representativo para que los ciudadanos participen en la elección de sus gobernantes. En estos sistemas de democracia electoral, los ciudadanos tienen una mediación en su interacción con el gobierno, estas instituciones son los partidos políticos.

Dos de las características que hacen democrático a un régimen son: una, que hay reglas (leyes) respetadas de modo generalizado para que los ciudadanos participen en la elección y legitimación de sus gobernantes y representantes y, la segunda, que hay respeto a la pluralidad social, permitiendo su representación a través de varios partidos políticos que, como su nombre expresa, son organizaciones de partes de esa sociedad, los cuales, frente a los problemas sociales y de gobierno, asumen una postura, toman partido.

Hay otras características necesarias para considerar a un gobierno democrático, como el hecho de que debe tener un estado de derecho vigente (leyes, Constitución legal, cultura de respeto a las leyes por gobernantes y gobernados) y que éstas leyes incluyan garantías en el derecho positivo para la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía.

La democracia tiene sentido –escribió Elisabetta Di Castro– sólo en un Estado de Derecho en el que se respeten plenamente los derechos humanos. Si no fuera así, la participación ciudadana y los procesos electorales que caracterizan a esta forma de gobierno se volverían una farsa con la que se justifica la imposición de algún grupo en el poder.”

Sin embargo, de las diferentes características que tiene un sistema democrático representativo electoral, nos centraremos en la existencia y el funcionamiento de los partidos políticos, apuntando hacia los síntomas de una crisis de su representatividad, es decir, de que en México, como en algunos otros países de América Latina y el mundo, una gran parte de los ciudadanos no se sienten representados por ninguno de los partidos políticos.

LaPalombara y Weiner definen a un partido político así: es una “organización que está localmente articulada, que interactúa con y busca el apoyo electoral del público, que juega un papel directo y sustantivo en el reclutamiento de los dirigentes políticos y que está orientada a la conquista y el mantenimiento del poder, bien sola o mediante coaliciones con otras.”

La definición caracteriza a los partidos políticos realmente existentes, ya no como organizaciones con doctrinas ideológico-políticas, sino como maquinarias de conseguir votos, obtener y conservar el poder. Además, enfatiza que a través de ellos se reclutan los dirigentes políticos, los candidatos y, si ganan elecciones, los gobernantes.

En países como México, tienen el monopolio de las candidaturas, dado que lograr una candidatura independiente, aunque existe como figura legal, es materialmente imposible para quien no cuente con el financiamiento y la maquinaria burocrática electoral que detentan los partidos.

En México, el siglo XX fue, después del triunfo de la revolución mexicana, el periodo del dominio de un partido dominante y hegemónico, al que solemos recordar solo con sus siglas actuales: PRI (Partido Revolucionario Institucional), aunque tuvo nombres y siglas diferentes a lo largo de los casi setenta años en el poder, en un régimen con elecciones sin alternancia, organizadas, calificadas y ganadas por el partido en el poder como elecciones de Estado. Aunque se fueron verificando reformas que paulatinamente abrieron el acceso a otros partidos, cuidando siempre de no permitirles ganar el poder ejecutivo, ni siquiera a nivel estatal, y no tener una representación de peso en el Legislativo.

Esa serie de reformas electorales se fueron logrando por la vía de la lucha social pacífica e incluso armada y también debido a la erosión de legitimidad del régimen de partido dominante y hegemónico, con hitos fundamentales como 1968, 1977 (una primera reforma que legalizó al Partido Comunista), 1985 (el sismo y la solidaridad ciudadana), 1988 (el fraude electoral y la protesta masiva contra él), y 1994 (el alzamiento armado zapatista).

Estos años de lucha en todos los terrenos, electoral, social, armada, intelectual y cultural, etcétera, dieron como resultado que las reformas incluyeran un organismo autónomo para organizar las elecciones (primero Instituto Federal Electoral, IFE, y luego Instituto Nacional Electoral, INE) y que se reconocieran a partidos diferentes al PRI triunfos electorales y acceso al gobierno con titulares del poder ejecutivo como Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, en 1997 (PRD), apenas tres años después del alzamiento zapatista y de los Acuerdos de Barcelona, entre PRI, PAN y PRD, el 9 de febrero de 1995 , y Vicente Fox (PAN) en la presidencia en el año 2000.

Con el arribo de gobernantes de partidos diferentes al PRI en 1997 y sobre todo en la presidencia en el año 2000, se dijo que estábamos ya en una avanzada transición a la democracia. Sin embargo, la decepción ciudadana comenzó muy pronto,

En 2006 el candidato de oposición (PRD) López Obrador acusó de fraude los resultados oficiales en la elección presidencial. En 2012 regresó al poder el PRI con Enrique Peña Nieto, y esta vez el candidato opositor (PRD, PT, Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano) no acusó de fraude, sino de “imposición”, por el manejo de los medios, especialmente las televisoras y de la construcción de un candidato desde esa mediosfera.

En 2012, en un libro publicado por el PRD como parte de sus funciones como partido político financiadas con dinero público, México: la transición agotada. Reflexiones y perspectivas para una democracia efectiva, Arcadio Sabido Méndez, en su artículo «Inconformidad democrática en México», escribió de algunos fenómenos que resumen ya la inconformidad y malestar ciudadano con la recién estrenada democracia electoral mexicana: “En un contexto de déficits democráticos, las prácticas políticas siguen estando ayunas de la cultura de la legalidad, la tolerancia, la transparencia, la rendición de cuentas, la influencia ciudadana en el gobierno, y de los contrapesos civiles necesarios para frenar el autoritarismo. La conjunción entre dichos déficits y la débil cultura democrática se expresa tanto en la extendida desconfianza e insatisfacción ciudadana, como en la persistencia del conflicto poselectoral, es especial el relativo a las elecciones presidenciales.”

Un par de años después, en 2014, el académico Gabriel Pérez Pérez, señaló: “En México hay un distanciamiento entre los partidos políticos y los miembros del Congreso con la ciudadanía, además de una notoria falta de capacidad del conjunto de las instituciones del Estado para generar bienestar y desarrollo. Asimismo, fracturas profundas han obstaculizado de una ciudadanía fuerte capaz de ser participativa e intervenir más activamente en los asuntos públicos”… El artículo tiene un nombre sintomático «Desencanto ciudadano en democracias por falta de desarrollo. El caso de México».

Hace un par de años, en 2022, el académico Zuart Garduño describió que “La falta de confianza en las instituciones públicas (partidos políticos) es un desafío por superar para la correcta consolidación del Sistema Democrático Representativo en México. Seis de cada diez mexicanos manifiestan tener nula confianza en dichas instituciones clásicas de representación.”

Los tres textos, en diferentes momentos a lo largo de diez años, hablan de una crisis de representación y de un desencanto, desconfianza y distanciamiento entre ciudadanos y partidos políticos.

En 2010, según cita un artículo de la estudiosa de las teorías de la democracia Jessica Baños Poo, a nivel del continente americano, es decir, incluyendo Estados Unidos, se perciben actitudes preocupantes de apoyo a medidas antidemocráticas como: “En momentos difíciles, apoyaría que el presidente limite a la oposición” con un mínimo de 23.5% y un máximo de 48.3% y que “en momentos difíciles, apoyaría que el presidente ignore decisiones de la Corte” con un mínimo de 29.7% y un máximo de 42.2 % de apoyo.

Actualmente, desde la academia, se sigue llamado la atención hacia esta crisis de representación de los partidos políticos, como lo hace el catedrático de la Universidad de Salamanca Manuel Alcántara, reseñado por la Gaceta UNAM: Hay una crisis en la representación política “que afecta a los partidos políticos en tres dimensiones: han perdido su identidad –y como consecuencia de eso la gente no se identifica con ellos–, han sido capturados por individuos y se han fragmentado.”

Esta crisis de representación de los partidos políticos en México está correlacionada con las sociedades fragmentadas por el individualismo, expresa Alcántara: “Son sociedades en las que lo colectivo cuesta trabajo ponerlo en marcha, el individualismo se ha potenciado, la manipulación de sentimientos se da a través de las falsas verdades –fake news– y del manejo de las comunidades virtuales mediante la inteligencia artificial”.

Esta falta de identificación con los partidos políticos como representantes, se ve acompañada con una devaluación de la democracia misma, pues un buen porcentaje de la población la dejaría de lado por gobiernos no democráticos que le brinden por ejemplo “desarrollo”. En 2013 indicó Armando Bartra en su artículo «Crisis civilizatoria» que… “ante la necesidad de elegir entre democracia o desarrollo económico sin democracia, de cada 10 sólo tres eligieron la democracia; o sea, aceptar cualquier cosa que resuelva nuestros problemas aún si esto significa dejar en el camino la democracia: esto piensa 70% de los mexicanos, para simplificar”.

Citado por la Gaceta UNAM, un estudio indica que ante el cuestionamiento de si “importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”, en los últimos 20 años, entre 2002 y 2023, este indicador [el que no importaría] aumentó en la región [Latinoamérica] del 44 % al 54 %, con un ritmo pausado pero consistente, que consolidó esta opinión como mayoritaria en varios países, precisa el Informe Latinobarómetro 2023.”

La crisis de representación de los partidos políticos se refleja en desconfianza, malestar, decepción, que por momentos puede manifestarse como apatía, abstencionismo y anulación de votos. O bien, los electores optan por votar a, personajes, figuras carismáticas como Donald Trump, López Obrador, Jair Bolsonaro o Javier Milei, pensando que si los partidos no los representan, entonces pueden confiar en líderes o lideresas que tienen un capital político en su propia figura y personalidad, algo menos abstracto que el lenguaje de “democracia, libertades, derechos, justicia”, porque se encarna en liderazgos populistas de derechas y de izquierdas.

Otro riesgo para la democracia son los gobiernos que sostienen modelos clientelares de relación con los gobernados. Donde el clientelismo puede definirse como: “Aquellas relaciones informales –escribió Irma Campuzano– de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos.”

Un análisis mercadológico de los lemas de campaña en 1994 aseguraba que el lema de Cárdenas y el PRD “Democracia ya, patria para todos” era demasiado abstracto; el del PAN “Por un México sin mentiras” demasiado agresivo, en un país acostumbrado a vivir en medio de mentiras; en cambio el del ganador, Ernesto Zedillo (PRI); “Bienestar para tu familia”, prometía algo aparentemente concreto y personal, tenía calidez y atractivo en sustantivos como “bienestar” y “familia”.

Los triunfos de tres candidatos que han sido presentados como hitos en la “transición a la democracia” en México (Cuauhtémoc Cárdenas en el D.F., Vicente Fox y López Obrador) se han basado mucho menos en la implantación de una ideología y un partido político que en el liderazgo carismático, reforzado por el rechazo y voto de castigo a los partidos antes gobernantes.

Sin embargo, eso no ha consolidado una cultura democrática sino una suerte de populismo basado en liderazgos carismáticos- mesiánicos que, en más de un caso, se ponen por encima de las leyes, de los partidos, y que no propician una cultura ciudadana exigente, sino el clientelismo y el apoyo incondicional del líder… o la decepción y el abandono en busca de una nueva fascinación carismática, o bien una decepción de todos los partidos que no ve otro remedio que la abstención. La democracia en sí misma no es apreciada, sino el “bienestar” como beneficio inmediato, que se presta al clientelismo.

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