Comunicado del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Chiapas – Costa de Chiapas, 8 y 9 de noviembre de 2018
Las más de dos mil personas que conforman el tercer grupo de este Éxodo Migrante comenzaron desde el 8 de noviembre a acelerar su paso por tierras chiapanecas. En tan solo dos días, transitaron del municipio de Mapastepec, Chiapas, hasta Matías Romero, Oaxaca, en donde lograron unirse en la tarde de hoy al segundo grupo que está conformado por alrededor de mil quinientas personas.
El grueso de este grupo son personas de origen salvadoreño, pero también se encuentran personas guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses y hemos conocido casos de personas mexicanas que se han unido en el camino por el sur del país.
Constatamos en estos dos días que el Estado mexicano continúa apostando por una estrategia de disuasión y desgaste para que las personas migrantes desistan en su caminar. Este 9 de Noviembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó distintos operativos de detención en la entrada al Estado de Oaxaca –a la altura del municipio de Tapanatepec- , con el uso de violencia y en momentos de ausencia de organizaciones observadoras de Derechos Humanos y de la CNDH. Estos operativos dejaron un saldo de aproximadamente 30 personas detenidas, incluyendo familias completas y menores de edad.
Asimismo, hay una intención, que a primera vista luce contradictoria, de forzar la aceleración de la movilidad de los grupos con la acción de Policía Federal, INM (incluyendo el Grupo Beta) y otras entidades federales y estatales de conseguir aventones para las personas migrantes. Sin embargo, estos transportes más adelante son parados y registrados por las mismas entidades para presionar, asustar y en algunos casos detener a las y los migrantes.
A esta situación se suma una constante falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para la atención humanitaria integral que se mantiene desde que el primer grupo del Éxodo transitó por el sur del país. La asistencia humanitaria está supeditada a la voluntad política y a los recursos de los ayuntamientos municipales, sin articulación y apoyo de los otros dos niveles. Esto se evidencia en las diferencias entre los municipios que se ven gradualmente sobrepasados en temas como atención médica, alimentación y sanidad de los espacios en donde son alojadas las personas migrantes.
En este último tema, extendemos nuestra preocupación sobre los lugares que son determinados para alojar a las personas, ya que en Mapastepec y Arriaga fueron asignadas unidades deportivas aisladas de las áreas urbanas que ponen en mayor vulnerabilidad a las personas, sobre todo a quienes optan voluntariamente por el retorno, pues quedan aisladas y desprotegidas en estos espacios luego de que el grupo reactiva su camino.
Hacemos un llamado enérgico a la acción institucional rápida e integral con las personas que solicitan el retorno voluntario y el refugio, ya que al hacer sus solicitudes no reciben información sobre sus procedimientos y están expuestas a largos tiempos de traslado y con ausencia de atención.
Por otro lado, organizaciones que somos parte del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Chiapas mantenemos nuestra presencia en el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo y en la ruta hacia la ciudad de Tapachula. En la zona se mantiene el dispositivo de seguridad fronteriza desplegado hace unas semanas para la disuasión y detención de personas migrantes. Si bien el 8 de Noviembre fueron desmanteladas las vallas y barricadas que rodeaban el punto de internación migratoria, continúa la fuerte presencia de la Policía Federal y Estatal, Gendarmería, SEMAR e INM.
Asimismo, pudimos observar personas detenidas en camionetas del INM. En Tapachula seguimos atentas a la situación de las personas que fueron desalojadas de la extensión de la Estación Migratoria, la Feria Mesoamericana, y de personas migrantes que se encuentran en situación de calle en varios parques y zonas céntricas de la ciudad a la espera del avance de sus procedimientos de reconocimiento de su condición de refugiadas y otros procesos de su derecho a la protección internacional.
Por último, compartimos que el día de hoy realizamos el relevo con organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca que seguirán la labor de monitoreo y observación de Derechos Humanos de los grupos del Éxodo Migrante, que están prontos a internarse en una de las regiones más peligrosas para las personas migrantes, como quedó constatado con el paso del primer grupo migrante por municipios de Veracruz y Puebla.
Una vez más reconocemos el apoyo y solidaridad comunitaria y de diversos grupos religiosos hacia las y los migrantes, que aunque vaya mermando por las propias condiciones locales de pobreza y desigualdad, sigue siendo una fuente de esperanza y fuerzas para las personas en su tránsito por el sur de México.
FIRMAMOS:
Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, A.C., American Friends Service Committee Oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C., Formación y Capacitación A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Médicos del Mundo Francia y España, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C. y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Foto: Matías Romero, Oaxaca, el 8 de noviembre 2018 – Roselia Chaca/El Universal