Intervención cultural en Uruguay contra el terrorismo de estado en México

 uyxayotziEl 9 de noviembre, en la explanada de la Universidad de la Republica del Uruguay, distintos colectivos y personas nos autoconvocamos para informar, denunciar y repudiar la represión y violencia sistemática ejercida por el poder gubernamental contra el pueblo mexicano bajo la consigna “Contra el terrorismo de Estado en México”.
Teatro, música y poesía acompañaron la actividad en la cual se realizó un altar para recordar a las víctimas de la masacre de Iguala y de todxs los asesinadxs por el estado mexicano. Los concurrentes acercaron sus ofrendas  en homenaje a las víctimas, dibujos, fotos, poemas, mensajes o escritos de distinta índole que serán enviados a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y a las organizaciones mexicanas que los apoyan, como muestra de solidaridad desde Uruguay.
#Uruguay por Ayotzinapa
Aquí el comunicado leído ese día:

Ni hechos aislados, ni crimen organizado,
en México reina el terrorismo de Estado

(Uruguay por Ayotzinapa)

 

Las últimas masacres ocurridas en México contra población civil indefensa, como la de Tlatlaya en agosto de este año, en la que el ejército ejecutó a 21 personas a sangre fría, y la de Iguala a finales de setiembre, en la que la policía municipal asesinó a 6 personas y desapareció a los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, por los que seguiremos reclamando hasta que aparezcan con vida o se demuestre su asesinato con investigaciones serias y eficientes, no son en lo absoluto hechos aislados.

Aunque en la masacre de Iguala hayan participado elementos del crimen organizado coludidos con funcionarios policiales, la orden y la ejecución primaria de estos crímenes provino de funcionarios del gobierno municipal. Y si bien es cierto que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángenes Pineda, están fuertemente vinculados a un grupo criminal en particular, se trata de información que las autoridades tanto estatales como federales ya tenían.

Sí, Abarca dio la orden. Sí, la policía municipal la ejecutó. Sí, lo hicieron en colaboración con agentes civiles pertenecientes al narcotráfico. Pero todo se desarrolló bajo la atenta mirada de la policía federal y del ejército, con su total conocimiento y complicidad; por lo tanto se trata de un crimen de lesa humanidad en el que estuvieron involucrados los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal.

Todos participaron directa o indirectamente, y es por esto que decimos con total certeza que se trata de un crimen de estado, y nos oponemos rotundamente a lo expresado por el procurador general de justicia en su última conferencia de prensa. A él le decimos: ¡mentira, señor Murillo Karam, mentira! no se trata de un crimen causado por los intereses del narcotráfico, de los narcopolíticos y de la policía corrupta, sino causado por la misma razón por la cual desde hace más de cuatro décadas se está intentando eliminar a las escuelas normales rurales, por la misma razón que desde hace más de cuatro décadas se asesina a sus estudiantes y docentes, por la misma razón que desde hace más de cuatro décadas se intenta asfixiar a las poblaciones rurales de donde provienen los maestros, profesores y alumnos que las sostienen y las defienden, porque no se tolera el importantísimo papel que han cumplido desde siempre estas escuelas en México: brindar educación a poblaciones condenadas a no tener educación, y ser un enorme ejemplo de lucha para todo aquel que no acepte resignarse a una vida de miseria y hambre.

El estado mexicano no tiene precisamente una tradición de décadas de combate al narco, pero sí la tiene de combate a los movimientos sociales. El estado mexicano ha preferido que los jóvenes pobres terminen engrosando las filas del narcotráfico antes de que terminen en las escuelas normales. Cuantos más jóvenes se decanten por el narco, más justificación tendrá el Estado para expandir sus políticas represivas sobre poblaciones indefensas.

El estado mexicano ha justificado su accionar durante los últimos 8 años con la llamada “guerra contra el narco”, es decir, el proyecto llamado Inicativa Mérida, que no es otra cosa que una versión del Plan Colombia adaptada para México, también financiado y orquestado por los EE. UU.

Es durante este período que se han disparado los crímenes cometidos tanto por los grupos del narcotráfico, reestructurados y desenfrenados, como por los aparatos del Estado, porque todos están protegidos por el mismo manto de impunidad. No se puede levantar ese manto para exponer a los narcos sin exponer los crímenes del Estado mexicano. Aún así, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, tanto el gobierno federal como los medios masivos de comunicación, principalmente Televisa y Televisión Azteca, continúan justificando estas políticas, asesinado a asesinado, desaparecido a desaparecido, preso político a preso político, exiliado a exiliado.

¿Qué justificación tiene el Estado mexicano luego de conocidas las cifras de las víctimas? Más de 100.000 personas han sido asesinadas solo desde el 2006 a la fecha. Más de 30.000 permanecen desaparecidas. Hay cientos de presos políticos, y el número sigue creciendo, hoy, durante estos días de protesta y movilización masivas.

¿Qué justificación tiene el Estado mexicano para casos como el de Ernestina Ascencio, anciana nahua de 73 años, violada y asesinada por militares en el 2007 y cuyo crimen permanece impune?

Para Daniela y Virginia Ramírez Ortiz, dos hermanas de la etnia triqui desaparecidas por paramilitares en el 2007, esos paramilitares que según los presidentes de turno no existen en México, o para las jóvenes periodistas también triquis Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, asesinadas un año después por paramilitares, de esos mismos que se dijo que no existían.

Para las 26 mujeres abusadas sexualmente por la policía durante la represión en San Salvador Atenco en el 2006, ordenada por el gobernador del estado de México en aquel entonces, oh casualidad, hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Para los 49 chiquitos de la guardería ABC, cuyas edades van desde bebés de pocos meses hasta niños de 5 años, muertos a causa un incendio, sí, pero asesinados por la negligencia y corrupción política de una larga lista de responsables plenamente identificados, cuya impunidad se aseguró desde la casa misma del presidente Felipe Calderón porque una prima de su esposa es una de las socias de la empresa ABC, absuelta de todo cargo junto con todos los demás imputados.

Y si miramos más atrás en el tiempo, cuando decimos Acteal o Tlatelolco es imposible no percibir el mismo nivel de horror, la misma impunidad. Y es imposible olvidar que la impunidad siempre proviene del estado, por acción o por omisión.

En Uruguay, México nos duele especialmente. Nuestros pueblos se hermanaron aún más con el exilio de muchísimos uruguayos durante la última dictadura, que fueron bien recibidos por México y crearon lazos profundos con su gente, sus costumbres, su cultura.

En un escenario político que bien podría catalogarse de esquizoide, durante las décadas del 70 y 80 el Estado mexicano recibía a exiliados de Uruguay, Argentina, Chile y tantos otros países al mismo tiempo que asesinaba y desaparecía a ciudadanos mexicanos.

Explicar a México es difícil y doloroso. Explicar cómo se llega a naturalizar el miedo, la injusticia, la impunidad. Y luego sentir el golpe del siguiente caso, de la siguiente masacre, y decir que ya no, por favor, que ya no se puede más, que tiene que parar, que algo hay que hacer, y que todos estamos involucrados, aunque no seamos conscientes, porque lo que le ocurra a México nos va a afectar a todos los latinoamericanos.

 

Por eso gritamos hoy MÁS QUE NUNCA

¡NUNCA MÁS!

 POR LOS MILES DE ASESINADOS, POR LOS MILES DE DESAPARECIDOS

MÁS QUE NUNCA

¡VERDAD Y JUSTICIA!

 Y POR LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA Y SUS FAMILIAS,

MÁS QUE NUNCA

¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

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