Tlachinollan: XXII INFORME “¡Pueblo Indignado! Resistir con el corazón por delante”

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Pueblo indignadoA dos años de los hechos atroces de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, las autoridades mexicanas se han empeñado en sembrar desconfianza entre los familiares de los normalistas desaparecidos y entre la misma sociedad, a consecuencia de las pésimas actuaciones de los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) comandados por Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, artífice de la impresentable “verdad histórica”. Lo deleznable del caso es que buena parte de los funcionarios encargados de la investigación respaldan en los hechos esta versión, a pesar de que ha sido desmentida con bases científicas, tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La misma titular de la Procuraduría, Arely Gómez, en lugar de resarcir el daño y remover al funcionario deshonesto, mantiene una postura pusilánime para no trastocar los intereses siniestros de los grupos de poder enquistados dentro de la PGR. Lo reprobable fue la arremetida que emprendió el mismo gobierno contra las y los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber evidenciado las graves violaciones que se han multiplicado en nuestro país y que permanecen en la impunidad.

En las altas esferas del gobierno es más importante cultivar la buena imagen de México en el exterior que bajarse del pedestal y asumir un compromiso real con las víctimas, para llegar a la verdad y allanar el camino de la justicia. El trabajo impecable realizado por el GIEI puso en entredicho la buena reputación del gobierno, que en lugar de acatar sus recomendaciones y mantener una postura abierta y autocrítica, le cerró las puertas y se negó ampliar su estancia en México para contrarrestar la presión internacional. El acuerdo final que el Estado mexicano asumió con la CIDH, de implementar un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, se ha estancado por las reticencias del gobierno a que Comisionadas y Comisionados de la CIDH y un equipo técnico que les apoyará en las investigaciones cuenten con una mayor presencia en nuestro país. Se obstinan en restringir el número de sus visitas, a reducir el ámbito de su intervención y le apuestan a que su trabajo no llegue tan lejos como lo hizo el GIEI.

Ayotzinapa es el ejemplo de la colusión con el crimen organizado, el encubrimiento y el desdén de las autoridades, pero el total del Estado vive en una convulsión y las causas son estructurales, se remontan a los tiempos de la Guerra Sucia y a la consolidación de los poderes caciquiles, que han permitido que en Guerrero reine la impunidad.

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