Movimientos sociales hondureños piden al Banco Mundial que suspenda apoyo a violaciones de Derechos Humano

Berta Caceres x Nino OliveriHonduras, 16 de Mayo del 2016

Presidente Jim Yong Kim

World Bank Group

1818 H Street NW

Washington, DC 20009

Presidente Jim Yong Kim,

Estamos indignados por las declaraciones vertidas en relación al asesinato de nuestra querida Berta Cáceres, Coordinadora General del Consejo Nacional Indígena y Popular de Honduras (COPINH), crimen cometido el 2 de marzo del 2016.

En su discurso en la ciudad de Nueva York el 6 de abril de 2016, después de expresar condolencias, usted defendió la necesidad de desalojar comunidades en Honduras para dar entrada a proyectos energéticos, y declaró que no es posible “hacer el trabajo que estamos tratando de hacer y que este tipo de incidentes no ocurran.”

No fue claro si con eso usted se refirió al despojo de comunidades o al asesinato de nuestra compañera, hemos perdido cientos de compañeros por los mismos motivos.  Sin embargo este punto es irrelevante ya que siempre sus declaraciones justifican violaciones graves y demuestran un desfase fundamental con el mandato del Banco Mundial, la eliminación de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. La realidad es lo opuesto, no es posible realizar el trabajo que por mandato deben realizar cuando crímenes como este ocurren.

Nosotros, al igual que lo hizo Berta, despertamos cada día con la conciencia que nuestras vidas están en riesgo por esta razón.

 Usted llegó a afirmar que cuando tales “incidentes,” suceden el Banco Mundial tiene que “ser honesto acerca de cuándo sucede, admitirlo y luego tratar de encontrar la mejor solución que podamos.” Le pedimos ahora hacer precisamente eso.

Como planteamos a Jorge Familiar en una reunión realizada el día 7 de abril, comunidades indígenas y campesinas a lo largo de Honduras están bajo ataque violento, son muchos defensores de sus comunidades asesinadas como Berta, lo cual nos empuja hacia mayores niveles de pobreza. Dado estas condiciones el Banco Mundial debe suspender el financiamiento a Honduras, tanto al sector público como privado, hasta que existan condiciones justas y reales mínimas para que las comunidades indígenas y campesinas puedan defender sus derechos y sobre todo que estas poblaciones milenarias puedan decidir libremente sobre sus territorios. Además, debe de haber una revisión independiente de las políticas y proyectos promovidos por el Banco Mundial que han contribuido a crear esta terrible realidad.

En Honduras el sistema de justicia no es funcional y no protege los derechos fundamentales de la población, en particular los de los pobres. El desarrollo equitativo, capaz de eliminar la pobreza y promover la prosperidad compartida, lo cual es el mandato del Banco Mundial, no puede ocurrir cuando el estado esta permeado por corrupción, por medio de la cual somete los organismos de justicia y seguridad a defender de manera arbitraria a los intereses de los sectores de poder económico.  La impunidad y la persecución maliciosa de defensores comunitarias en el sistema de justicia facilitan niveles extremas de violencia y despojo.  En este contexto, el racismo se convierte en fenómeno estructural político- económico, lo cual provoca mayores niveles de pobreza y la privación de derechos de las comunidades indígenas y campesinas.

El Banco Mundial ha promovido la reestructuración de la administración de tierras en Honduras[i], un proceso continuo desde 1990 a la fecha, este proceso ha contribuido al despojo ilegal de tierras indígenas y campesinas en escala masiva. Los nuevos programas de administración facilitan el registro de tierras poseídas ilegalmente, despojando comunidades indígenas y campesinos de Honduras a través de actos de violencia y fraude.

Este problema de extensión de títulos anulables fue identificado por el Panel de Inspección en relación a las comunidades Garífunas.[ii] Sin embargo, el Banco Mundial no llevó a cabo ninguna acción para investigar la ocupación de las tierras por parte de terceros identificados en el informe del Panel de Inspección ni siquiera en el caso de las comunidades Garífunas, mucho menos en relación a las tierras indígenas y campesinas en todo el país.

La inversión internacional y privada promovido por el Banco Mundial superpuesta en este contexto ha generado violaciones de los derechos humanos, la falta de acceso a la justicia, la violencia, la corrupción y la impunidad.

En la actualidad existe una carrera para impulsar inversiones en la producción de energía hidroeléctrica, eólica, solar, la producción de biocombustibles, la minería, respaldados con inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), tanto a través de inversiones directas, como préstamos a menudo a través de intermediarias financieras.

Decenas de concesiones para realizar estas actividades fueron otorgadas en concesiones en 2009, durante un régimen de facto producto del golpe del Estado, el cual no fue reconocido por la comunidad internacional. Las leyes nacionales e internacionales relativas a los permisos ambientales y consulta con las comunidades afectadas han sido violadas sistemáticamente.

Además, las comunidades vecinas no perciben ni el más mínimo beneficio de los proyectos, los cuales están acaparados por inversionistas ajenos; lo único que percibe los vecinos son los daños.

Es paradójico que en Honduras se ha invertido fuertes cantidades de dinero por parte de USAID y otros, sin embargo la situación de justicia cada día es más precaria.[iii]  De la misma manera ha rehusado cooperar con instancias internacionales de derecho, tal como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[iv] así como la solicitud de la participación de grupos de expertos en la investigación criminal a través de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del asesinato de Berta Cáceres como en los crímenes en el Bajo Aguan.  El Gobierno de Honduras ha faltado también en implementar medidas de protección ordenadas por la CIDH, en la comunidad Tolupan Locomapa, en el caso de Berta Cáceres, y muchos más.

Mientras que el gobierno de Honduras cada día apuesta por la injusticia, niega aceptar la asistencia internacional necesaria, se rehúsa aplicar las resoluciones vinculantes de los órganos jurídicos internacionales, no es posible que el Banco Mundial siga financiando inversiones que provocan la militarización del país, destrucción del ambiente, desojo, desplazamiento, violencia, pobreza y muerte en las comunidades más vulnerables.

Como se explica que el IFC, desconozca dónde y cómo están siendo canalizados y utilizados los recursos y quienes verdaderamente son los beneficiarios de los mismos? Esta realidad está ampliamente documentada en estudios internos del Banco Mundial; se hizo claro en relación a los pueblos de Honduras por medio de la respuesta a la queja en contra de 49 concesiones para producción energética y de minería interpuesta por Berta Cáceres como Coordinadora General de COPINH hace un año.   Desde Honduras lo que sabemos es que han profundizado la pobreza y han fortalecido un reducido grupo de empresarios y políticos inescrupulosos y violentos.

Exigimos, en consecuencia, al Banco Mundial que suspenda de manera inmediata el desembolso de financiamiento ya aprobado y la aprobación de nuevos financiamientos al Estado, así como, el que ha sido destinado para inversiones privadas en Honduras.

Sinceramente,

Tomas Gómez

Coordinador General

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras [COPINH]

Miriam Miranda

Coordinadora General

Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)

Martin Fernández

Coordinador General

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Jaime Cabrera

Secretario General

Plataforma Agraria Regional del Bajo Aguan

[i] Los préstamos del Banco Mundial más relevantes que han promovido este desastre humano son: Préstamo de Ajuste Estructural II (3257-HO); El crédito agrícola de ajuste del sector (Crédito 2540-HO); Programa de Administración de Tierras Rurales (AIF-29400, 29401 AIF, PPFO-p9360); y el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) (3858-HO); Además, el Proyecto de Desarrollo Municipal Piloto (Préstamo 2583-HO) promovió la nueva Ley de Municipalidades de 1990.

[ii] En respuesta a los impactos negativos del Programa PATH en las comunidades garífunas, en 2006 la federación garífuna OFRANEH presentó una queja al Panel de Inspección del Banco Mundial. El Panel de Inspección encontró mérito de la queja, identificando que el proyecto podría contribuir a la desaparición de los títulos y las reivindicaciones de tierras colectivas en poder de los pueblos indígenas, el apoderamiento ilegal de dichos tierras por personas ajenas, y que el proyecto no pudo proteger la integridad cultural o la base económica de algunas de las comunidades más pobres.

[iii] Los movimientos campesinos del Bajo Aguán desde Septiembre 2014 han solicitado al gobierno de Honduras que firma un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para establecer un grupo internacional de expertos para investigar más de 150 asesinatos relacionados en el contexto del conflicto de tierras en el Bajo Aguan, y un grupo parecido de expertos para revisar la legalidad de las transferencias de títulos de propiedad que dieron origen al conflicto.    COPINH  y la familia de Berta Cáceres también han solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establezca un grupo de expertos internacionales independientes para investigar el asesinato de Berta.  El Gobierno ha rehusado aceptar la apertura de la CIDH prestar ese apoyo.

[iv] En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Honduras restaurar tierras tomadas ilegalmente de las comunidades garífuna de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra a través de programas promovidos por el Banco Mundial.  Más de seis meses han pasado desde que la sentencia fue emitida, y el gobierno no ha realizado ninguna comunicación con las comunidades para el cumplimiento de la resolución.

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