Crónica: Burocracia y represión contra el magisterio disidente en Tabasco

marcha-masteres-660x330Defender dos derechos fundamentales: el laboral y el de expresión, fue la causa de mi cese como maestro, tras 29 años de servicio.

La Secretaría de Educación de Tabasco lo ha hecho faltando a la lógica, a la ética y a la ley. Así lo demuestran los hechos.

6 de junio: La efervescencia de la lucha en contra de la mal llamada reforma educativa crecía en el estado y el país. Acudí a mi centro de trabajo, la escuela Telesecundaria Álvaro Obregón del poblado Once de Febrero de Cunduacán. Padres y maestros dialogamos acerca de los impactos negativos de la reforma. Para apoyar la causa del magisterio de la CNTE, los padres de familia deciden cerrar la escuela al siguiente día.

7 de junio: Me presenté a laborar. La escuela era custodiada por los padres. Conforme al reglamento, se levantó un acta circunstanciada y me dispuse a participar en las acciones que, desde la CNTE, hacemos los maestros en oposición a la reforma laboral que no tiene nada de educativa. Estoy en esa trinchera por la defensa de mis derechos fundamentales.

8 de junio: El día fue idéntico al anterior. Me presenté en la escuela y me retiré bajo las mismas circunstancias.

9 de junio: Padres de familia, en menor número que los dos días anteriores, mantenían la escuela cerrada. Hablamos de cómo el movimiento magisterial crecía en unos sitios y se apagaba en otros. En Cunduacán, la única telesecundaria cerrada era la nuestra. El director del plantel no acudió; vía telefónica nos explicó que había sido llamado por el Encargado del Departamento de Telesecundaria quien, acompañado de la Directora de Educación Secundaria, el Jefe de Sector 2, y un asesor jurídico, lo presionaron para firmar oficios de descuentos por tres días laborales a toda la plantilla docente. Esas faltas, de acuerdo con la Ley del Servicio Profesional Docente, nos ponían en la antesala del cese inmediato. Consternados, los maestros le insistimos considerar la arbitrariedad de la que éramos objeto; a él le constaba nuestro cumplimiento laboral y su firma validaba las actas circunstanciadas. Frustrados, los padres acordaron reabrir la escuela.

10 de junio: Las clases se desarrollaron con normalidad. Se presentaron algunos padres y el Supervisor de la zona escolar. Los maestros expusimos la acción dolosa que nuestro director fue obligado a ejecutar. Los padres nos reiteraron su apoyo. El Supervisor se comprometió a informar a sus superiores y arreglar el asunto. Días después, regresó por el libro de entradas y salidas de la escuela. Ni el libro fue devuelto, ni el arreglo se llevó a cabo.

17 de junio: De los 11 que conformamos la plantilla docente, sólo mi compañero Juan Pérez López y un servidor, recibimos un citatorio de la SETAB en el que se nos informaba que, según oficio enviado por el Encargado del Departamento de Telesecundaria, habíamos faltado a nuestras labores los días 6, 7, 8 9 y 10 de junio, y se nos daba un plazo de 10 días hábiles para aportar elementos que justificaran el incumplimiento laboral.

18 de junio: En el plantel, el Director convocó a reunión de maestros para declarar que, el 14 de junio fue hostigado, atormentado y amenazado en la Dirección de Educación Secundaria por el Jefe de Departamento, el Jefe de Sector 2 y un asesor jurídico, esta vez para firmar nuestros descuentos salariales de los días 6, 7, 8, 9 y 10 de junio, mismos que le presentaron ya elaborados. Dijo haber levantado un acta en aquel momento, explicando al mismo Jefe de Departamento, la ilegalidad del acto perpetrado contra nosotros. Nos entregó una copia del acta: tiene sello y firma de recibido del Departamento con fecha 15 de junio.

Ciertos del dolo institucional y apesadumbrados por nuestra vulnerabilidad, buscamos asesoría legal. Actas, fotografías y diversos testimonios fueron presentados por nuestro abogado dos días antes del plazo perentorio.

14 de julio: Ante el abogado y compañeros maestros, el director de la escuela nos reveló que, el 11 de junio, la Directora de Recursos Humanos de la SETAB lo requirió y, acompañada por el Jefe de Sector y el Director de Asuntos Jurídicos, lo obligó a desconocer los sellos de todas las actas presentadas como pruebas a nuestro favor en el proceso de marras.

20 de julio: La Jefa del Departamento de Telesecundaria gira un oficio informando a los miembros del subsistema que, los docentes de aquellas escuelas que permanecieron cerradas no pueden tener receso hasta entregar calificaciones y documentos pendientes. Significa que los maestros no serán cesados y sólo se les “castigará” con menos vacaciones.

21 de julio: Juan Pérez López y un servidor fuimos notificados del cese laboral.

Pese a todas las evidencias de la ilegalidad de su proceder, los burócratas de la educación estatal cometen estos actos viles y cobardes porque repudian la disidencia y son intolerantes a la crítica.

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