Por Javier Hernández Alpízar
A Concepción Villafuerte, in memoriam
Los cientos de miles de personas que en México han sido desaparecidas, asesinadas, esclavizadas, objeto de trata, secuestro, prisión injusta o por motivos de conciencia, torturadas, desplazadas, despojadas, exiliadas, amenazadas y objeto de otras formas graves de violencia, son víctimas. Lo mismo lo son sus familiares y amigos, colegas y comunidades. Unas cien mil personas desaparecidas, y podrían ser muchísimas más. Y decenas de miles de personas asesinadas.
En México hay madres indígenas desplazadas, familias, comunidades enteras, por las agresiones del paramilitarismo. Recientemente, documentado el 5 de mayo, un ataque paramilitar de la ORCAO desplazó a bases de apoyo zapatistas del Caracol 10, Junta de Buen Gobierno de la región Patria Nueva: 83 personas desplazadas.
En Guerrero, Marcos Campos Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, y Lorenza Chantzin Paxacuasingo, de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos. Posteriormente fueron asesinados. Ambos, integrantes el Concejo Indígena Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”.
En algunos casos, sobre todo si son los casos son mediáticos, una estrategia de los gobiernos federales y estatales, de todos los partidos, incluyendo el actual partido en el poder (Morena) ha sido revictimizarlas.
La revictimización puede revestir muchas formas como culpar a las víctimas o negar que fueron agredidas y hacer pasar sus muertes por suicidios, muertes por causas naturales o accidentales.
Cuando es muy claro que fueron asesinadas, entonces investigan a las víctimas y a sus familiares, colegas y amistades, tratando de culparlas. Es una actitud que recuerda al aforismo de Theodor Adorno: Culpar a las víctimas es fascismo.
Uno de los móviles de estos procesos de revictimización y de criminalización de las víctimas es proteger a sus agresores, mantenerlos impunes, sean particulares o funcionarios de gobierno, civiles o uniformados.
Algunos ejemplos recientes son: Debanhi Escobar, en Nuevo León, a quien sin éxito han intentado hacer pasar como una persona “drogada” que accidentalmente cayó en una cisterna, negándose a investigar su desaparición y feminicidio. Ahora, también en Nuevo León, al parecer pretenden explicar la desaparición y feminicidio de Yolanda Martínez Cadena mediante un “suicidio”.
Se niegan a atender los casos en conjunto como un fenómeno masivo de desapariciones (macrocriminalidad), especialmente de mujeres jóvenes. No toman en cuenta los patrones comunes a los muchos casos.
Elena Poniatowska revictimizó y criminalizó al periodista asesinado en Sinaloa Luis Enrique Ramírez, al decir en una entrevista que su muerte podría estar relacionada con que “consumía drogas”. Es uno de los once periodistas asesinados en México solo en este año. México es ya el país más peligroso del mundo para la prensa.
En Cosoleacaque, también el gobierno de Veracruz ha tratado de criminalizar a Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y reportera respectivamente, del sitio de noticias en línea El Veraz. Las periodistas fueron asesinadas, pero el gobierno ha sembrado el rumor de que “portaban drogas y armas”, denunció el hermano de una de las víctimas. Se han registrado 7 periodistas asesinados en Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García, 4 en el de Yunes Linares y 17 en el de Javier Duarte.
No es nueva la revictimzación y criminalización en Veracruz: se negaron a investigar la relación con su trabajo periodístico del asesinato de la periodista Regina Martínez, inventaron un crimen pasional e incluso intentaban involucrar a sus amigas periodistas como posibles culpables. Regina investigó, documentó y publicó el caso del feminicidio en Zongolica de la indígena nahua Ernestina Ascensio. Para exculpar a militares, Fidel Herrera impuso la mentira de que Ernestina murió por “gastritis”.
En una entrevista, Herrera Beltrán dijo: es difícil de creer pero es verdad, como es difícil de creer la explicación de la muerte de Digna Ochoa. Se refería a cómo la procuraduría de Bernardo Bátiz, durante el gobierno de Obrador, inventó que había sido suicidio el asesinato de la defensora de derechos humanos veracruzana perpetrado en la Ciudad de México. Cínicamente decía: así créanme sobre Ernestina Ascencio.
El caso de Digna Ochoa, por la lucha de sus familiares, se reabrió en el gobierno de Marcelo Ebrard y su procuraduría repitió el fallo de Bátiz, ya con Mancera como procurador: suicidio. El caso llevó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Peña Nieto intentó frenar el reclamo por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala criminalizando a los estudiantes. Recientemente Obrador también acusó a los normalistas de estar “infiltrados por el crimen”.
La revictimización de las víctimas incluye la estigmatización de sus familiares que reclaman verdad y justicia. Asimismo, la represión de las víctimas, como la han sufrido, incluso en este sexenio, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus compañeros estudiantes. Así se han negado a impartir justicia en un caso que involucra a altas esferas de gobierno, civiles y uniformados.
También los desplazados son revictimizados, como los triquis, los otomíes y la Caravana en Defensa de la Vida y el Agua, secuestrados durante muchas horas por cientos de granaderos. El argumento de Sheinbaum es que los triquis irían a plantarse al Zócalo, donde estaba instalada una reproducción de la Capilla Sixtina que Obrador recorrió en compañía de un representante del Vaticano.
Ahora madres y familiares de personas desaparecidas son revictimizadas con el retiro, dos veces, de las fotografías del Antimonumento a las Personas Desaparecidas en la ex glorieta de La Palma. Sheinbaum dice que “la gente votó por un árbol”.
La madrugada del 11 de mayo personal del gobierno de la Ciudad de México con chorros de agua quitó las fotos de víctimas de desaparición y cientos de policías escoltaron al personal que puso vallas para impedir que las madres vuelvan a ocupar la Glorieta de las Personas Desaparecidas. Esas vallas recuerdan a las que ponen alrededor del Palacio donde vive Obrador y los edificios de bancos y negocios cuando marchan miles de mujeres exigiendo justicia. Es un gobierno que, sintomáticamente, no encarcela feminicidas, pero tiene a tres feministas presas.
Son todas ellas formas de revictimización y de criminalización de las víctimas y los familiares de las víctimas perpetradas por gobiernos del PRI, el PAN, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano. A esas formas Sheinbaum agrega el argumento del “voto ciudadano” como coartada, como si las violaciones de derechos pudieran legitimarse.
De justicia por el caso de la Línea 12 ni hablar: vetaron el informe de la empresa noruega que ellos mismos contrataron, pagaron y pregonaron que era la mejor. Todo porque el tercer informe señala que, además de las fallas de diseño y construcción, hubo fallas por falta de mantenimiento. Por proteger al grupo Carso de Carlos Slim, a Florencia Serranía y al gobierno de Sheinbaum, van a demandar a la empresa que los auditó.
Las víctimas y sus familiares también son revictimizadas por la denegación de justicia.
Las campañas de revictimización y criminalización de las organizaciones de víctimas recuerdan a las que han calumniado en el pasado a organizaciones como los zapatistas chiapanecos o recientemente a las feministas, objeto de contrainsurgencia, como señaló Laura Castellanos.
Lo peor es que hay sectores de la sociedad que se hacen eco de esa revictimización, acusando a las víctimas de dejarse usar para una conspiración contra el gobierno y hasta de “golpismo”, como se dijo sobre el reclamo de medicamentos para niños con cáncer.
Los gobiernos revictimizan y criminalizan a las personas por cálculos políticos y complicidades e intereses creados, pero al menos la sociedad debería tener una actitud más empática y solidaria.