Una decisión de enorme trascendencia jurídica y política se produjo el 11 de noviembre, durante una reunión informativa entre familiares de las personas mazatecas exiliadas de Eloxochitlán de Flores Magón, acompañadas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y representantes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO): la propia Fiscalía reconoció la improcedencia de las órdenes de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio y comunicó que tramitará su cancelación ante el juzgado. Se trata de un reconocimiento especialmente significativo porque esa misma institución fue la que sostuvo durante años la acusación contra las defensoras y los defensores mazatecos, a partir de la versión de una mujer, la actual diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, que se presentó como víctima de tentativa de homicidio.
Hoy, después de doce años de litigio y de la incorporación de nuevas evidencias a los procesos penales, la Fiscalía acepta que las órdenes de aprehensión por ese delito ya no deben ejecutarse.
La Fiscalía informó a las familias que realizará los trámites correspondientes ante el juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca, entre el 20 y el 23 de noviembre. Respecto del delito de homicidio, señaló que la solicitud de cancelación continúa en estudio.
La noticia representa un avance que las familias reciben con esperanza, pero también con una exigencia firme: si la Fiscalía reconoce que las órdenes por tentativa de homicidio son improcedentes, debe aplicar la misma conclusión al delito de homicidio, pues ambas acusaciones se sustentaron en los mismos elementos probatorios. Para comprender la importancia de este acontecimiento es necesario distinguirlo de las victorias jurídicas anteriores.
Durante estos doce años, las defensoras y los defensores del territorio y de la autonomía de Eloxochitlán han obtenido diversos amparos que declararon ilegales órdenes de aprehensión, al considerar que no se encontraba acreditada la probable responsabilidad de las personas acusadas.
Esas resoluciones también cuestionaron la veracidad y consistencia de los testimonios que dieron origen a las acusaciones. Sin embargo, los efectos de aquellas decisiones no consiguieron detener la persecución.
En lugar de acatar plenamente los criterios judiciales y poner fin a las órdenes cuestionadas, el juzgado local reiteró mandamientos de captura y prolongó la incertidumbre jurídica. Así, personas que habían conseguido resoluciones favorables continuaron sin poder regresar a sus hogares. Lo ocurrido el 11 de noviembre del 2026, tiene una dimensión diferente: ya no se trata solamente de que la defensa haya demostrado ante los tribunales la ilegalidad de las órdenes; ahora es la propia Fiscalía, como órgano que creó y sostuvo la acusación, la que reconoce que las órdenes por tentativa de homicidio son improcedentes y decide promover su cancelación.
Este paso debilita institucionalmente una de las acusaciones más graves utilizadas durante años para perseguir a integrantes de la comunidad.
También obliga a revisar la actuación de quienes sostuvieron esa versión y las consecuencias que tuvo para las personas indígenas señaladas. Doce años de acusaciones y una pregunta que la Fiscalía ya no puede aplazar.
De un total de 34 personas acusadas en relación con estos delitos, 24 han obtenido su libertad. Para las familias, este dato hace todavía más incomprensible que, después de tantos años y de los resultados de los procesos penales, continúe prolongándose la decisión sobre la cancelación de las órdenes que mantienen a personas en el exilio.
Las familias han tenido que viajar durante horas —en ocasiones hasta diez— para acudir a reuniones, presentar documentos y exigir respuestas.
La reunión del 11 de noviembre no fue una concesión: fue resultado de una lucha jurídica sostenida por quienes han sufrido prisión, desplazamiento, separación familiar y la amenaza permanente de ser detenidos. La demora institucional no es neutral. Cada mes de espera prolonga los efectos de la persecución sobre las familias y mantiene impedido el retorno seguro de quienes defienden su territorio y su autonomía. Por eso, la pregunta es inevitable: si los elementos que sostuvieron la acusación de tentativa de homicidio han perdido sustento hasta el punto de que la Fiscalía reconoce la improcedencia de sus órdenes de aprehensión, ¿con qué congruencia puede mantenerse pendiente la cancelación de las órdenes por homicidio, cuando amba acusaciones se apoyaron en las mismas pruebas?
La Fiscalía debe explicar qué elemento distinto, suficiente y jurídicamente válido justificaría mantener una acusación y retirar la otra. No basta con prolongar su estudio indefinidamente. La instrumentalización política de la perspectiva de género. En el marco de las noticia dada por la Fiscalía, las familias mazatecas denunciaron que la acusación de tentativa de homicidio de la diputada Elisa Zepeda Lagunas adquirió una dimensión política que fue mucho más allá del expediente penal.
Al presentarse como sobreviviente de una agresión por supuestamente defender los derechos de las mujeres, pudo construir una narrativa pública de victimización que despertó simpatías, le otorgó legitimidad y contribuyó a su posicionamiento político. Sin embargo, esa misma narrativa fue utilizada para sostener una de las acusaciones más graves contra defensoras y defensores mazatecos, convirtiendo el discurso de protección de las mujeres en un argumento para justificar la persecución de integrantes, incluidas mujeres, de un pueblo indígena.
Denunciaron el uso faccioso de la perspectiva de género: no como herramienta para combatir la violencia y las desigualdades que enfrentan las mujeres, sino como un recurso de conveniencia política, capaz de generar reconocimiento y ventajas públicas para una persona, mientras se utilizaba para presentar como agresores a quienes defendían la autonomía y el territorio de su comunidad.
Esta instrumentalización, afirmaron, desvirtúa una lucha histórica de las mujeres y perjudica, además, a quienes verdaderamente necesitan protección frente a la violencia. Para las familias, el problema nunca fue solamente una controversia entre particulares: fue el uso del poder penal contra quienes defendían la autonomía comunitaria y el territorio mazateco.
Por ello, este reconocimiento de la Fiscalía también exige revisar la posible injerencia de intereses políticos en los procesos y la actuación de los órganos judiciales que mantuvieron las órdenes.
Por ello, las familias mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, exigen:
A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: Que entre el 20 y el 23 de noviembre formalice ante el juzgado la solicitud de cancelación de todas las órdenes de aprehensión correspondientes al delito de tentativa de homicidio, conforme a lo comprometido ante las familias.
Que extienda el mismo criterio al delito de homicidio y solicite también la cancelación de sus órdenes de aprehensión. Los elementos probatorios que sostuvieron ambas acusaciones son los mismos y deben ser valorados de manera congruente, a la luz de los datos posteriores incorporados a los procesos y del artículo 235 del Código de Procedimientos Penales de Oaxaca aplicable al sistema penal tradicional.
Al Poder Judicial de Oaxaca: que resuelva con independencia, sin presiones políticas y con pleno respeto a los amparos y a las evidencias judiciales. No puede convertir la reiteración de órdenes cuestionadas en un mecanismo de persecución indefinida.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación: que observe la trascendencia constitucional de este caso y evite la dilación en el asunto de Reclamación presentado por el antropólogo Ángel Miguel Peralta Betanzos quien busca, junto con la comunidad, el respeto a su sentencia histórica ganada el 20 de febrero del 2026.
A los gobiernos estatal y federal: que atiendan el desplazamiento forzado y las condiciones que impiden el retorno seguro de las familias mazatecas, con medidas efectivas de protección, justicia y reparación integral.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: que considere este nuevo acontecimiento en el seguimiento del caso.
El reconocimiento de la propia Fiscalía confirma la gravedad de una situación en la que, pese a los avances judiciales, las órdenes de aprehensión han seguido produciendo efectos de desplazamiento y temor.
RESPETUOSAMENTE
MAZATECAS POR LA LIBERTAD
Foto: Radio Zapote
Publicado orignalmente en la página Presos Políticos Eloxochitlán De Flores Magón Oaxaca: https://www.facebook.com/asambleacomunelox.floresmagon