Por Javier Hernández Alpízar
La lucha por la democracia es una lucha de los pueblos. Lo poco de democracia que se ha conseguido en diversos momentos de la historia es una conquista de esa lucha de los pueblos. Incluso Maquiavelo, un pensador a quien se suele tener por maestro de los tiranos, prefería, puestos a escoger, la república. Y lo razonaba así: los aristócratas quieren oprimir al pueblo. En cambio el pueblo no quiere oprimir a nadie, sino solamente no ser oprimido por nadie. Eso puede ocurrir en una república, donde el príncipe esté limitado por los aristócratas y por el pueblo.
Es decir, hay dos tradiciones diferentes: una de ellas es la lucha por el privilegio, por el fuero (eclesiástico o militar), por los derechos de las élites construidos sobre la opresión de los pueblos. En nuestra época hay dos variantes de esta lucha por el poder de las minorías oligárquicas o plutocráticas: la variante “benévola” es el liberalismo y su hijo junior el neoliberalismo: individualismo, derechos humanos individuales, algunas concesiones, pero cuidando de no tocar la estructura desigual, injusta, explotadora y opresiva del capitalismo. Y, generalmente como reacción contra la fuerza organizada de los de abajo, la tiranía, las dictaduras, los fascismos y los populismos de derecha.
Por otro lado, todas las luchas verdaderamente democráticas son igualitaristas. No conciben la democracia sin libertad y justicia. Y todo con apellidos: justicia social, democracia social.
De manera que las luchas por democracia son de izquierda, son revolucionarias, rebeldes, son luchas de los de abajo y así ha sido en México: la lucha por la democracia en México la han dado los pueblos en las guerras de Independencia, Reforma y la Revolución Mexicana.
En 1977, las primeras reformas político-electorales aperturistas que se hicieron con López Portillo fueron una respuesta a la crisis de legitimidad evidenciada, entre otras cosas, por las guerrillas rurales (Madera, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez) y urbanas (focos guerrilleros). La legalización del Partido Comunista tuvo como objetivo ser una válvula de escape al descontento y hacer contrainsurgencia quitando banderas a la izquierda.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fundado el 17 de noviembre de 1983, une dos tradiciones de lucha: la de las guerrillas socialistas, heredera de la lucha de 1968 reprimida con la masacre del 2 de octubre, y la tradición de insurrecciones indígenas que atraviesa toda la historia de la Nueva España y del México independiente hasta hoy. Por eso dicen que, a 500 años, jamás los han conquistado y permanecen rebeldes.
Normalmente los zapatistas firman sus comunicados con “Libertad, Democracia, Justicia”, y no es meramente un eslogan, ya que su lucha por democracia ha sido un eje constante en su historia. De ello nos ocuparemos brevemente.
Cuando se alzaron en armas, el 31 de enero de 1993-1 de enero de 1994, los zapatistas declararon la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, impuesto mediante el fraude electoral en 1988. (Recuerdo a Manuel Bartlett en la TV defendiendo el triunfo de Salinas). Ordenaban a sus tropas deponer al mal gobierno, avanzar liberando territorios y, en ellos, dejar que los ciudadanos mexicanos elijan libremente a sus gobernantes. Los zapatistas se proponen derrocar al gobierno que consideran ilegítimo, por antidemocrático y resultado del fraude, pero no se proponen tomar el poder y gobernar a los demás, sino dejar que los ciudadanos se organicen y elijan democráticamente a sus gobiernos. Apelaron a la Constitución en su Artículo 39. “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Uno de los elementos que tomaron en cuenta para declarar la guerra al gobierno priista de Salinas fue el fraude de 1988, así como las manifestaciones de sectores del pueblo, especialmente rurales, que proponían a Cárdenas tomar las armas. Cosa que el cardenismo no hizo.
Cuando se hicieron mesas de diálogo con el gobierno, en el periodo zedillista, invitaron a todos los pueblos indígenas y a muchos asesores indígenas y no indígenas, a dialogar y consensar democráticamente los que terminaron siendo los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, traicionados después por el gobierno.
Era apenas la primera mesa, y el primer tema. Si el proceso de paz no hubiera sido abortado por la traición gubernamental (de Zedillo, Fox y los partidos PRI, PAN y PRD), en otras mesas se habrían tratado, entre otros temas, los derechos de las mujeres (el EZLN tiene, desde antes del alzamiento armado, su Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas) y la democracia en México.
Los zapatistas tenían planeado presentar propuestas para que los mexicanos pudiéramos participar en la política desde muchas formas de organización, quitando el monopolio a los partidos, y hacer que la democracia fuera no solamente representativa sino que incluyera elementos de democracia directa. Uno de ellos es la petición afirmativa ficta: si una organización ciudadana presenta una petición, el gobierno tiene un plazo para responder. De no hacerlo en ese lapso, se asume que se aprobó.
Esta discusión no se dio porque el gobierno traicionó al zapatismo, lo enfrentó mediante la contrainsurgencia paramilitar y decidió hacer una reforma político electoral a espaldas del zapatismo y pactando solo los partidos: PRI, PAN y PRD (representado por Muñoz Ledo y López Obrador). La apertura democrática que dio origen al IFE (hoy INE) y abrió la puerta a gobiernos del PAN (Fox) y el PRD (Cárdenas) e incluso Morena (AMLO) fue de nuevo una apertura con un matiz contrainsurgente: el EZLN sería excluido y combatido mediante un cerco militar y paramilitar.
Los zapatistas apoyaron a Amado Avendaño y, ante el fraude, lo asumieron como gobernador y lo acompañaron durante su periodo de gobierno en rebeldía (1994), mucho antes del gobierno “legítimo” de Obrador (2006). Una de las muchas iniciativas de organización con la sociedad civil que convocaron fue la Convención Nacional Democrática (1994), retomando el nombre de la convención revolucionaria de Aguascalientes, de nuevo, mucho antes que la convención del mismo nombre organizada por AMLO en 2006.
Ante la traición de los Acuerdos de San Andrés (2000), los zapatistas decidieron cumplirlos de modo unilateral. Elevaron el nivel de autogobierno que nació en la clandestinidad antes de 1994 y dio lugar a sus Municipios Rebeldes Autónomos Zapatistas en 1994.
Por eso, en 2003 dieron a conocer el nacimiento de sus Caracoles, sedes de sus Juntas de Buen Gobierno. Dejaron el gobierno, autogobierno, en manos de las comunidades, los civiles, porque lo militar no debe estar por encima de lo político-democrático.
Por eso tienen, en su territorio, sus letreros que dicen: “Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece”.
El autogobierno zapatista es civil y es democrático. Combina elementos de democracia directa (asambleas y consenso) con democracia representativa: sus representantes gobiernan de manera temporal, sujetos a la rendición de cuentas y a la revocación de mandato y tienen que seguir los siete principios del mandar obedeciendo (1. Servir y no servirse; 2. Representar y no suplantar; 3. Construir y no destruir; 4. Obedecer y no mandar; 5. Proponer y no imponer; 6. Convencer y no vencer; 7. Bajar y no subir). A algunos les parecía raro el “obedecer y no mandar”, pero no es para el pueblo sino para los delegados y autoridades electos y revocables.
Se trata de una democracia radical, en ella prevalecen las bases de apoyo zapatistas, las comunidades, mujeres y hombres, desde niñas y niños. Si una niña o niño no se duerme en la asamblea y se interesa en participar, ya puede hacerlo y tiene derecho a que lo escuchen: derecho democrático esencial.
Cuando los zapatistas propusieron al Congreso Nacional Indígena un proceso organizativo llamado Concejo indígena de Gobierno estaban proponiendo un autogobierno indígena a nivel nacional y además, que los indígenas piensen que pueden gobernar al país. El trabajo organizativo para intentar que María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, fuera candidata independiente a la presidencia de México tenía entre sus objetivos: atrevernos a pensar que una mujer indígena puede gobernar este país. Otro objetivo era reactivar la organización. Después de la Otra Campaña (2006), ésta ha sido una de las iniciativas zapatistas menos entendidas y peor juzgadas por prejuicios de la sociedad mexicana.
Durante la Otra Campaña, los zapatistas dijeron que ellos no tomarían el poder. Si otros lo tomaban (comunistas, socialistas, etc.), que lo tomaran, pero se trataba de que los de abajo se organizaran de tal manera que quien quiera que gobernase se viera obligado a mandar obedeciendo al pueblo, a las comunidades, a los de abajo.
Es fácil ver que la democracia no es popularidad en las encuestas y que no es demócrata quien gobierna obedeciendo a la oligarquía y a los militares.
Respecto a la democracia fuera de Chiapas, en México y en el mundo, suscribo estas palabras del compañero Jean Robert: “Si democracia quiere decir “poder del pueblo”, no hay tal cosa como una democracia, ni instancia alguna que verdaderamente “represente al pueblo”. Con ello no quiero decir que todos los gobierno sean necesariamente dictatoriales, sino que prácticamente todos confunden los intereses del pueblo con los del capital.”
La propuesta de autonomía y de autogobierno, de democracia radical y de mandar obedeciendo es lo subversivo de los zapatistas. Por eso la militarización que inició en 1994 y la guerra irregular paramilitar no han cesado bajo los gobiernos federales de ningún partido (PRI, PAN, Morena). Hoy mismo, los zapatistas y muchas otras comunidades indígenas en México están bajo asedio paramilitar.
La democracia, si la tomamos en serio, sigue siendo rebelde, subversiva. Está muy lejos de quienes arriba practican el juego de “el pueblo soy yo”, “la democracia soy yo”. A esa posdemocracia sometida a las corporaciones capitalistas y militares no le gusta nada la democracia indígena: su sola existencia los refuta y los condena.
El tamaño de la militarización es el tamaño de su miedo: miedo a la verdadera democracia.
