El otro grito desde Oxnard, california por l@s 43+ desaparecid@s de Mexico, por los miles de asesinad@s, por los femenicidi@s que cada vez son más horrorizantes y despiadados contra nosotras, por l@s desplazad@s de nuestras tierras, por l@s que mueren luchando en resistencia, por l@s que defienden sus cuerpas, por l@s transgenero, por l@s que estamos en estas tierras ocupadas resistiendo el racismo y la migración forzada en forma de deportación, por un alto al plan Mérida!
El Plan Mérida: Terrorismo de Estado en México con el apoyo económico de los contribuyentes estadounidenses. Desaparición de garantías individuales, represión de la protesta pacífica, encarcelamiento arbitrario, cientos de prisioneros políticos, cientos de miles de muertos, incluyendo niños, mujeres, ancianos: esa es la secuela que ha dejado este tratado entre los gobiernos de México y de Estados Unidos.
El Plan Mérida es un instrumento que usa el gobierno de México para intimidar a la población y reprimir la protesta social. Pero más allá de esos dos objetivos específicos, existe otro de mayor alcance: implementar las prácticas neoliberales en todos los ámbitos de la vida económica, política y social. Y aunque los gobiernos de México y Estados Unidos (EE. UU), tratan insistentemente de convencernos que este plan es un proyecto benéfico para ambas sociedades, los hechos los desmienten. Es un proyecto que en cada uno de sus objetivos, hace exactamente lo opuesto de lo que estipula por escrito. Creado supuestamente para combatir principalmente el narcotráfico, el plan consiste de cuatro objetivos:
1. Afectar la capacidad operativa del crimen organizado 2. Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho 3. Crear la estructura fronteriza del siglo XXI 4. Construir comunidades fuertes y resistentes
El Plan Mérida fue puesto en marcha por los gobiernos de Felipe Calderón y George Bush y, a pesar de su claro fracaso, sigue siendo implementado por el actual gobierno de México. A continuación, se analiza lo que en realidad ha significado cada uno de los cuatro puntos.
1. Afectar la capacidad operativa del crimen organizado. Dentro de la dinámica de un narcoestado, los cambios de liderazgo en las cúpulas de las organizaciones criminales son la norma, no la excepción. Existe una pugna constante por el poder y al caer un líder, se crea un vacío de poder que es llenado por otro. Cuando se destruyen los mandos del narcotráfico pero sin atacarse las causas verdaderas del problema, sólo se provoca un reacomodo de fuerzas y vuelven a surgir nuevos jefes o inclusive nuevas organizaciones. Y en los últimos años hemos visto la caída de jefes del narcotráfico pero la producción y contrabando de droga hacia Estados Unidos sigue igual, no cambia. Peor aún, se informa de la detención o muerte de los narcotraficantes pero no se sabe de la incautación de las propiedades amasadas. Y si no existe la incautación de bienes, acción que realmente debilitaría a los cárteles, es porque no hay mecanismos legales o porque las mismas autoridades están coludidas. Una de las cláusulas de la Iniciativa Mérida, como también es conocido este acuerdo, incluye el entrenamiento de policías y elementos de las fuerzas armadas en instituciones militares de EE. UU. Esta medida contribuye al incremento de la violencia y mejora la capacidad de las organizaciones criminales porque tarde o temprano individuos y comandos completos se
pasan al servicio de las bandas criminales. Un hecho bien documentado: se tiene registrada la deserción de más de 500 elementos de estos equipos de élite. Y uno de los cárteles criminales más sanguinarios, está compuesto por desertores de estas unidades. Los contribuyentes estadounidenses, con sus propios impuestos, pagan el entrenamiento de individuos, que ya de regreso en México, violan mujeres, matan inocentes, incluyendo niños y ancianos y desaparecen a jóvenes. Y mientras tanto el flujo de droga a EE.UU. se mantiene igual, para el beneplácito de sus consumidores, demostrando de paso, la inutilidad del plan, cuyo supuesto propósito principal era impedir que la droga cruzara la frontera hacia EE. UU.
2. Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho. El Estado de Derecho existe sólo donde hay democracia. Las masacres, la violación diaria de derechos ciudadanos, la desaparición forzosa de ciudadanos por las propias fuerzas del Estado, la incapacidad, en unos casos, o la negativa en otros, para responder a las demandas ciudadanas, son la realidad del Plan Mérida y como tal, sólo ha contribuido a debilitar el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho también deben existir las leyes por encima del arbitrio de los individuos. ¿Dónde están las leyes que deben castigar los casos de corrupción que involucran al gobierno, desde el presidente hasta los miembros de todos los partidos políticos? El grado de corrupción es tan extenso y profundo que el gobierno es incapaz de terminarlo principalmente porque la línea que separa al gobierno de las organizaciones criminales ya no existe, o es difícil de identificar. Se puede decir que la corrupción se ha legalizado. Y ésta se mantiene porque la impunidad es también rampante. El Estado de Derecho ha sido tan violentado y debilitado que la vida normal ha sido gravemente impactada.
3. Crear la estructura fronteriza del siglo XXI. Si por estructura fronteriza se entiende poner los gobiernos de México y América Central al servicio de la política migratoria de EE. UU., sí ha cumplido su objetivo. Los hermanas y hermanos que vienen de América Central enfrentan la violación de sus derechos más elementales tanto por el gobierno mexicano así como por las bandas criminales que por lo general, trabajan coordinadamente. Con este plan, y contrario a la tradición hospitalaria y solidaria del pueblo mexicano, los servicios de migración mexicanos agregan una vergüenza más: su servilismo al gobierno de EE. UU. Básicamente, la migra mexicana es ahora el brazo ejecutor de la política migratoria de EE. UU. en México pero no en la frontera con el país del norte sino en la frontera con Guatemala. Desde hace meses, México deporta más centroamericanos que el mismo gobierno estadounidense. Este nivel de deterioro de la soberanía nacional se inició con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en los ochentas. En su más clara función, el TLC, se creó para eliminar trabas al comercio de los monopolios trasnacionales y en flagrante violación de la soberanía de México.
4. Construir comunidades fuertes y resistentes. Este objetivo únicamente ha dejado una secuela de destrucción y abandono. En Guerrero y Sinaloa, dos de los estados que deberían reflejar la efectividad del Plan Mérida, es donde existe el mayor desplazamiento de comunidades enteras a causa del narcotráfico. En el año 2014, en Sinaloa hubo 40 comunidades desplazadas y en Guerrero, sólo en 5 municipios se hablaba en el mismo año, de 25 pueblos obligados a abandonar sus hogares.
Es de sobra sabido que en áreas donde existen negocios estratégicos tanto legales como ilegales, el narco-estado, se ha ensañado con la población civil.
La región donde está la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es el ejemplo perfecto: ahí existen algunas de las minas más productivas de oro y plata de México y también es la principal área productora de amapola y de goma de opio en el país. Cuando los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos empezaron a buscarlos por su cuenta, encontraron una infinidad de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala y otros municipios. Ahí tenemos la muestra de las “comunidades fuertes y resistentes” que ha creado La Iniciativa Mérida y todo esto sucede a pesar de que esta área está rodeada de bases militares del ejército, como ninguna otra región en el país.
#STOPPLANMERIDA
