Ciudad Universitaria a 26 de marzo de 2016.
A los estudiantes, académicos y trabajadores de la Facultad de Derecho de la UNAM.
A los candidatos para el cargo de Director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Pronunciamiento de la Asamblea de Posgrado de Derecho de la UNAM con motivo de la designación de Director de la Facultad de Derecho.
Desde hace dos semestres, debido a la organización de los estudiantes del Programa Único de Especialidades de Derecho, se ha logrado la exención del pago de cuotas de inscripción y reinscripción en ese nivel educativo. Tal y como lo hemos señalado junto con la Asamblea General de Posgrado de la UNAM, el cobro de cuotas en maestría, doctorado y especialidad resulta por completo ilegal, además de ser poco transparente el manejo de los recursos que se obtienen por esos conceptos. Sin embargo, pese a los logros obtenidos, el cobro de cuotas en especialidad aún está latente para los siguientes semestres, ya que no se ha dictado una orden general para cancelar el cobro de las ilegales cuotas. La exención no es suficiente.
El problema de las cuotas en los posgrados de la UNAM, es solo uno de los tantos temas que afectan actualmente el proyecto de nuestra universidad, pública, gratuita, y con un fuerte compromiso social. Y no sólo eso. Se trata de un aspecto particular de la situación actual de la educación y de la investigación científica en nuestro país: las 484 escuelas normales rurales y urbanas se encuentran en un proceso de “asfixia financiera, parálisis y campaña de desprestigio” ; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aprobó recientemente la entrega de $7,232,516 pesos a la empresa canadiense New Gold Minera San Xavier; en Veracruz; el gobierno de Javier Duarte adeuda el pago de dos mil millones de pesos a la Universidad de Veracruz; Exxon Mobile México alista el terreno propiciado por la reforma energética con becas a estudiantes de la UNAM para que cursen sus estudios en Estados Unidos; y la UNAM, continúa con la aportación de recursos públicos para el mantenimiento de instalaciones en beneficio de particulares, como ocurre en el caso del estadio de Ciudad Universitaria para el equipo de fútbol de los “Pumas”. Estos son ejemplos que muestran hacia donde se perfila la educación en nuestro país. Tal parece que se gesta un lento proceso para cerrar la llave del presupuesto para la educación pública y gratuita para así favorecer una visión empresarial y mercantil, como en su momento ocurrió en Chile. En muchas áreas, pareciera que nos quieren mostrar que no hay presupuesto suficiente para una educación de calidad, cuando más bien sobran ladrones, insensibles ante el dolor humano, ciegos y sordos de las voces sociales.
En ese sentido, los ignominiosos altos sueldos de funcionarios de la UNAM, la preferencia de plazas académicas de alto nivel para recomendados de exdirectores, familiares, o quienes vienen apadrinados desde las gubernaturas estatales, ven en la UNAM un botín para ser eméritos en recompensa a su labor porril desde hace 16 años.
Es en este contexto que se lleva a cabo la designación para elegir al nuevo director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Designación que es profundamente antidemocrática, ya que es protagonizada por una terna elegida sin tomar en cuenta a la comunidad de la Facultad de Derecho. De esta forma, consideramos que la Junta de Gobierno mandatada por el Rector Enrique Graue elegirá a quien le garantice una integración con su proyecto, en consonancia con el proyecto del gobierno federal. No es ninguna sorpresa que José Narro Robles, quien ahora ocupa un cargo en la administración de Enrique Peña Nieto, haya impuesto a una persona de su confianza en la Rectoría. La cadena de mando es muy clara. Por las filiaciones partidistas de los candidatos, no dudamos que entre ellos se encuentren simpatías a los intereses del proyecto neoliberal peñista.
Por lo anterior, manifestamos que los candidatos a Director en la Facultad de Derecho UNAM deben presentarse ante la comunidad de forma transparente, sin rodeos, aclarando temas importantes como lo son la gratuidad, perspectiva de género y paridad de género, transparencia de los recursos asignados, así como la participación activa de académicos, estudiantes y trabajadores en las decisiones de la Facultad.
Emplazamos a los candidatos a la Dirección de la Facultad de Derecho a que respondan públicamente los cuestionamientos que la comunidad estudiantil y académica les articulan:
¿Está a favor de la cuotas, cobros de cualquier índole en licenciatura y posgrado?.
¿Está a favor de la existencia de espacios autónomos estudiantiles?
¿Está a favor de transparentar el presupuesto asignado a la Facultad de Derecho?
¿Antes de tomar cualquier decisión relativa a la Facultad, lo dialogaría con la comunidad estudiantil y académica para obtener una mejor idea de la decisión tomada o de los gastos asignados ?
¿Sería cercano a los estudiantes para escucharlos y atender sus demandas de manera pronta, expedita y públicamente una vez a la semana en algún auditorio de la misma Facultad?.
¿Si volviera a ocurrir un hecho tan lamentable y grave en materia de derechos humanos como el de Ayotzinapa se pronunciaría inmediatamente ante los medios de comunicación para apoyar cualquier manifestación de solidaridad con las víctimas?
¿Respetaría la libre expresión de las ideas, así como las decisiones de la Asamblea estudiantil de la Facultad de Derecho y de la Asamblea de Posgrado Derecho si se llegara a presentar un hecho como el de Ayotzinapa o similar?
¿En su equipo de trabajo incluiría a egresados de otras universidades y tecnológicos?
¿Porque no incluiría en su equipo de trabajo a egresados de la Facultad de Derecho y si a egresados de otras universidades?
¿Es usted familiar del rector Graue, o tiene familia relacionada con el rector?
¿Qué tratamiento le daría a los casos de acoso y abuso sexual de docentes hacia alumnas?
¿Recibiría denuncias anónimas de acoso y abuso sexual de alumnos y alumnas vía buzón de correo electrónico y se opondría a colaborar con alguna ONG para darle credibilidad a la investigación?
Concluimos con el señalamiento de que ningún proyecto de corte tecnocrático debe permitirse en la universidad. La UNAM es del pueblo de México, fue fundada para fines sociales y nacionales, es el resultado del proyecto revolucionario de 1910. Desde la Asamblea de Posgrado manifestamos que defenderemos a la UNAM y siempre nos negaremos a que sea un botín político, o un espacio para la colocación de tecnócratas o traidores al pueblo de México.
Con estas razones de sobra y severos cuestionamientos, convocamos a las y los académicos, a las y los estudiantes y trabajadores de la Facultad de Derecho a que en asamblea general se discuta y proponga un plan de acción que revierta la imposición de la rectoría, a que cumpla el pliego petitorio 99-2000 en lo referente al congreso universitario y a la abrogación del reglamento general de pagos.
Por una universidad pública, gratuita, artística, científica y popular.
Tomado de: Trabajores y Revolución
Y publicado originalmente en: Asamblea Posgrado Derecho UNAM
