ACAPULCO, GUERERO, 14AGOSTO2014.- Niños disfrutan en compañía de sus hermanos y padres de familia de sus últimos días de vacaciones jugando pelota en la barra de Coyuca de Benítez.
FOTOS: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM
En nuestras oficinas se ha vuelto costumbre que cuando se suscitan acciones graves que ponen en riesgo la vida de las familias indígenas, éstas optan por acudir a Tlachinollan para solicitar nuestra intervención. Prefieren que sea a través de nuestro conducto que hablemos con las autoridades competentes para que los atiendan con presteza y se asegure que intervendrán ante los riesgos inminentes que enfrentan. Esta demanda recurrente nos obliga a implementar mecanismos de intervención que rebasan nuestras capacidades institucionales, máxime que somos un organismo civil que no cuenta con facultad alguna para requerir a las autoridades responsables su involucramiento decidido en los problemas más acuciantes.
Esta práctica es casi permanente ante la disfuncionalidad de las instituciones y ante representantes del gobierno que se han instalado en los cargos desde hace años y que han aprendido todas las triquiñuelas urdidas en los bajos fondos del poder, para lucrar con los problemas de la gente. Son personajes que vegetan en sus oficinas. Se dedican más que a leer, a ver las fotografías pagadas por la camada de políticos que andan de evento en evento en Chilpancingo o en Acapulco, con todos los gastos pagados.
La ausencia de los funcionarios en sus lugares de trabajo es el mejor indicador que mide su improductividad y su pésima calidad en el servicio público. Esta calidad en el desempeño de sus funciones que exigen a los trabajadores y ahora a los maestros contrasta abismalmente con el comportamiento de los funcionarios, no sólo por su desconocimiento de los temas, sino por con sus excentricidades y banalidades que causan un grave daño al erario público y que son una carga insoportable para la población.
Los funcionarios que menos están en sus oficinas son los que tienen más poder y son los que supuestamente andan todo el tiempo en reuniones con el gobernador, que es el referente máximo del poder supremo en el estado. La cantaleta que cotidianamente escucha la gente cuando busca a las autoridades es que fueron llamadas con urgencia por el gobernador.
Esta respuesta por arte de magia justifica todo. Ninguno de los burócratas que pululan en las oficinas tiene la encomienda de atender a la gente. Todo se paraliza, sobre todo cuando no están los titulares de las instituciones y los presidentes municipales.
Esta forma de ejercer el poder es la más rancia y malévola, porque los políticos confirman de ese modo que no están para servir a la gente, ni se desbaratan para resolver sus problemas. Tienen el complejo de ser jefes y nadie los puede comisionar para realizar alguna actividad, a no ser que lo ordenen sus superiores o sus padrinos. El arribismo político ha desquiciado este sistema que se robustece con las lealtades a los jefes de los clanes y con las alianzas y compadrazgos de raigambre delincuencial.
En esta cultura de la indolencia vemos cómo todos los políticos parecen estar cortados con la misma tijera: quieren parecerse al jefe en su vestimenta, en su caminar. Son copia fiel de sus desplantes y su arrogancia. Cuentan también con su séquito de seguidores y su guardia aterradora. Son dados al exhibicionismo y al uso de un lenguaje procaz. Ensayan sus poses de grandes señores que apantallan a quienes los miran desplazarse con su convoy de vehículos.
Estas trivialidades que a diario padece la gente son parte de un sistema vetusto, que no pasa la prueba del servicio profesional de carrera, ni ha transitado a un estadio donde la transparencia y la rendición de cuentas sea parte esencial del ejercicio del poder. Seguimos con los arquetipos del cacique, de asumir el poder como un feudo y de utilizar los recursos públicos como parte del patrimonio familiar.
Los grandes políticos que comenten fraudes descomunales y que dejan las arcas vacías gozan de prerrogativas y fueros. Se tornan más bien en los modelos de un sistema corrupto. Son los gangsters del poder que nadie se atreve a investigarlos, mucho menos a echarlos a la cárcel, porque saben que son intocables y que el sistema mismo los protege. Ellos con su carrera delincuencial afinan mejor este engranaje siniestro del poder sanguinario, que necesita de la sangre de los pobres para amasar sus riquezas.
Esta clase de políticos que se subieron a la rueda de la fortuna desde hace décadas son los que se encargan de reproducir el ciclo perverso de la corrupción y la impunidad. Son los que sin ningún rubor se han coludido con los grupos de la delincuencia para oxigenar sus finanzas y afianzar su poder extralegal. Estos delincuentes del sistema político son los verdaderos autores de tantas atrocidades que se viven en el estado y los que nos tienen sumidos en la violencia y la pobreza.
Por más que se quiera generar una imagen en el estado de que hay gobierno y de que se multipliquen eventos públicos en las diferentes regiones para mostrar que hay un proceso de encauzamiento hacia la institucionalidad, las profundidades del poder, que están atestadas por el cáncer de la corrupción y de la acción delincuencial de muchos políticos, siguen siendo el motor y la correa de transmisión para que siga intacto este sistema. Los brochazos que se han dado para cambiar la fachada del nuevo gobierno son sólo para remozar una estructura obsoleta que necesita cambios de fondo.
Se requiere una reingeniería innovadora porque las bases sociales del sistema están resquebrajadas y ya no soportan la carga de una cleptocracia que ha perdido el sentido del poder, que es obtusa y piramidal y se ha dislocado en sus funciones esenciales, que es ponerse al servicio de la sociedad.
No se puede evadir la trágica realidad de nuestro estado que está penetrado en todas sus estructuras por el crimen organizado, y lo peor de todo es que en varias regiones el poder real está en manos de la delincuencia. Los municipios están desdibujados por su precaria institucionalidad y por la misma incapacidad de los presidentes municipales, que ante la crisis de legitimidad y la falta de visión a largo plazo, terminan coludiéndose con los poderes fácticos y se dedican a dilapidar los recursos con obras de relumbrón y de mala calidad. No hay visión estratégica, ni un diagnóstico integral sobre la problemática de sus municipios para enfrentar los problemas estructurales que ayuden a revertir los rezagos sociales.
La sensación de la gente es que el poder político no es un capital que detone en acciones de trasformación social. Percibe más bien un poder vacuo, que no cubre las expectativas más sentidas de la población pobre. Está solamente para la dádiva, como la acción política más efectista e inmediatista que sirve para controlar a la población y para el rating mediático.
Las alianzas y los acuerdos no se dan con los sectores sociales excluidos sino con las elites económicas. Los mismos anuncios de programas sociales que son diseñados en los escritorios de la federación, y que nunca llegan a los supuestos beneficiarios, se anuncian pomposamente en los recintos de lujo del Acapulco Diamante, que solo muestran el tipo de políticos pirruris que se han empotrado en esta nueva camada de tecnócratas neoliberales, que se han acostumbrado a usar los escenarios suntuosos como un buen pretexto para venir de paseo.
Si preguntáramos a la gente del campo y de la ciudad qué tan representada y escuchada se siente por quienes desempeñan cargos públicos, las respuestas serían desastrosas para quienes nos gobiernan. El hastío de la población se manifiesta a diario en la capital y en varias regiones del estado, donde la gente se organiza y recurre a las marchas, las protestas, los bloqueos, las denuncias y las exigencias para que la autoridad intervenga y deje de evadir sus responsabilidades.
Hay una bifurcación de la acción política; por una parte la sociedad demanda ser escuchada pero sobre todo atendida en sus demandas básicas, y por la otra los gobernantes continúan discurriendo con las cúpulas del poder, sobre temas que sólo benefician a quienes siempre han sido los privilegiados del régimen. No vemos a un gobierno que salga a defender los derechos del pueblo, que le apueste a transformar las estructuras vetustas del poder, hacer una limpia de los políticos corruptos, que esté dispuesto a pasar el escrutinio de la sociedad.
Vemos más bien una clase gobernante que se siente robustecida porque cuenta con un aparato represivo que ha demostrado ser invencible ante las protestas de la sociedad; porque ha sabido domesticar el sistema electoral vigente y cuentan con la experiencia acumulada para manipular y revertir los resultados electorales. Porque saben que este tipo de democracia es la que mejor dividendos genera a las elites de los partidos políticos, que a través de pactos cupulares pueden garantizar la gobernabilidad, sin necesidad de pasar el filtro de las consultas ciudadanas, los referéndums o la revocación de mandato.
A su comodidad en la cúspide del poder y el confort que da ser político de alcurnia no le hace nada bien ensayar nuevas formas de democracia directa, donde en verdad el poder radique en las y los ciudadanos.
En Guerrero estamos lejos de llegar a una etapa democrática de alta intensidad. Los grupos del poder caciquil que fueron zarandeados con el gran movimiento magisterial y el movimiento de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que cimbraron el sistema político de nuestro país y que desenmascararon la red delincuencial que se teje dentro de las estructuras de gobierno, han utilizado todas las argucias políticas para acallar el clamor de justicia de las miles de víctimas que hay en todo México.
Las autoridades federales sacaron buena raja política con la visita del papa Francisco quien fue recibido como jefe de Estado. Este trato fue el más idóneo para el gobierno porque le permitió negociar una agenda a modo, con toda la parafernalia del lenguaje diplomático que de entrada implica reconocerse y respetarse como contrapartes de estados soberanos, que no fácilmente se puede inmiscuir en asuntos internos, mucho menos de tomar posturas a favor de un sector que es incómodo para el poder.
En esta apuesta por la diplomacia el gobierno ganó y logró que los mensajes del Papa fueran mesurados, con una crítica general sobre ciertos temas que son preocupantes para la Iglesia, pero que no se focalizaron en casos que causaran irritación e incomodidad al anfitrión presidencial. Este esquema permitió que el gobierno maniobrara a su favor, impidiendo que otros actores de la sociedad y de la misma Iglesia católica intervinieran en la agenda del Papa “politizando” y desvirtuando su visita.
Las autoridades federales supieron hacer cálculos políticos para esta segunda etapa del sexenio. Requerían de oxigenación externa y la presencia de un líder espiritual con gran poder de convocatoria y calidad moral les vino muy bien para reposicionar la imagen desgastada del presidente de la República.
Sacrificó su figura presidencial para asumirse como un feligrés más que comulgó como las buenas familias de México. Prefirió pisotear la laicidad del Estado que está consagrada en la Constitución de nuestro país, a cambio de recibir la bendición del Papa.
A pesar de todas estas acrobacias del poder, para el pueblo sufriente de México el gobierno es insensible a su drama, más bien trivializa su dolor, denigra la lucha de las víctimas y está ausente de este movimiento que busca desde las entrañas del pueblo transformar el dolor en esperanza.
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